Penalistas analizan el sistema judicial luego de últimos fallos absolutorios
Tras el caso Luchsinger, en que el tribunal de Temuco exculpó a 11 imputados, abogados del área debaten sobre qué está pasando con las investigaciones penales.
El veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco determinó, esta semana, la absolución de 11 comuneros que se encontraban acusados de ser los presuntos autores del incendio en que falleció el matrimonio compuesto por Werner Luchinger y Vivian Mackay, en enero de 2013. Algunos de los imputados estuvieron más de un año en prisión preventiva.
Este revés del Ministerio Público se suma a otras causas de repercusión que llegaron al mismo resultado: la absolución de los principales sospechosos.
Este año, por ejemplo, los tribunales decidieron exculpar a Jaime Anguita, quien había sido llevado a juicio por su presunta responsabilidad en la muerte de su esposa, la contadora Viviana Haeger.
Así, cuatro abogados penalistas analizaron qué es lo que está ocurriendo con el sistema judicial. Algunos apuntaron a la responsabilidad del Ministerio Público, mientras que otros aseguraron que la falla podría estar pasando por las débiles pruebas que es capaz de recopilar la policía.
Según Davor Harasic, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, “el Ministerio Público debiera dejarse llevar menos por las demandas ciudadanas y actuar profesionalmente en cada caso. Si no tiene medios de prueba, no perseverar en el asunto”. El abogado añadió que “es un riesgo permanente del sistema judicial que este se deje llevar por la voz de la ciudadanía y que actúe no por razones legales, sino por razones mediático políticas, porque
entonces se llega a nada desde el punto de vista legal”.
Para Harasic, “el aparataje judicial no se puede dejar llevar por las demandas ciudadanas. Las demandas ciudadanas pueden incidir en las leyes, ahí es donde les corresponde influir”.
Por otro lado, Miguel Soto Piñeiro señaló que “los estándares de convicción para condenar exigidos por la legislación chilena, esto es que los hechos estén probados más allá de toda duda razonable, corresponden a los estándares de convicción internacionalmente exigidos para adoptar resoluciones que tienen consecuencias tan graves como podría ser una sentencia condenatoria”.
El abogado aclaró, además, que “la prueba depende de la policía. El Ministerio Público no genera prueba por sí solo, sino a través de la policía. Probablemente, lo que falta es un mayor control y filtro por parte del Ministerio Público de la prueba que le proporciona la policía, particularmente Carabineros de Chile. La PDI es una policía especializada en investigación y Carabineros cumple otro rol y ha extendido su función a la investigación no siempre con la misma rigurosidad”.
Juan Enrique Vargas, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, coincide en que se deben revisar las pruebas que está recabando la policía: “Creo que el tema no es que los jueces estén pidiendo un estándar de prueba imposible, sino que la capacidad que ha tenido la policía para levantar la evidencia ha sido muy débil. Estimo que el rol del Ministerio Público, que es básicamente apreciar si con esa prueba tiene un caso suficiente como para poder ganar en un tribunal, ha fallado. No hicieron ese cálculo en forma correcta”.
El docente añadió que “yo no creo que haya una responsabilidad de parte de los jueces, que estén pidiendo un imposible o que hayan cambiado los estándares tradicionales, o que tenga que ver siquiera con el nuevo procedimiento penal”.
En tanto, Gonzalo Medina, profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, señaló que “en algunos casos se produce un juzgamiento anticipado que se traduce en dos aspectos: una condena popular a través de los medios y audiencias de formalización en que se decretan medidas cautelares muy intensas, con escasos antecedentes. Por ello, no es que fallen los estándares de los tribunales de juicio oral, sino que el problema es que hay una injustificada expectativa de condena”.b