Política educacional fracasada
LA APROBADA LEY DE INCLUSIÓN CONTEMPLA GRAVES ERRORES DE DIAGNÓSTICO Y DE DISEÑO, QUE REVELAN QUE EL PROPÓSITO DE ESTA REFORMA ERA IDEOLÓGICO.
Estos últimos meses hemos visto cómo el Mineduc y parlamentarios han reconocido errores de diagnóstico y diseño de la aprobada Ley de Inclusión. Ejemplo de esto es su disposición a diseñar modificaciones legales que minimicen sus repercusiones, como el paso de 77 establecimientos educacionales particulares subvencionados al sistema particular pagado y las manifestaciones públicas de apoderados en La Serena, Coquimbo y Antofagasta. Esto impulsó al Mineduc a diseñar un proyecto de una segunda ley miscelánea, que incluiría prorrogar por un año el plazo establecido para que los sostenedores constituidos como sociedades con fines de lucro se transformen en fundaciones o corporaciones.
Este proyecto en tramitación considera, además, formas alternativas para financiar la adquisición de infraestructura de los establecimientos educacionales. Esto es una exigencia de la ley en razón del fracaso de la intermediación bancaria con aval de Corfo para la adquisición de inmuebles de los establecimientos educacionales que tienen menos de 600 alumnos de matrícula, los que suman más del 80% de los particulares subvencionados. Junto con ello, propone introducir una modificación para que el canon de los arriendos para instituciones relacionadas ya existentes se siga ajustando al valor comercial y no al 11% del avalúo fiscal, como establece la ley. Añadimos a los errores cometidos la glosa que en la Ley de Presupuestos congela el monto de la asignación de gratuidad para 2018, consignada en la Ley de Inclusión, decisión objetada transversalmente por todos los sectores políticos, cuya solución pasa por restar recursos a la subvención preferencial destinada a los estudiantes más vulnerables con el propósito de mejorar la calidad educativa, lo que resulta inexplicable e inaceptable. Todo esto involucra el reconocimiento tácito de graves errores de diagnóstico y diseño en la legislación aprobada, que afectan gravemente a la educación particular subvencionada y revelan que el propósito de esta reforma era ideológico. Se trataba de impactar su sistema de financiamiento, gestión administrativa y pedagógica para fortalecer la educación pública, procurando recuperar la matrícula en fuga por deficiencia de calidad.
La sumatoria de los hechos enunciados constituye evidencia significativa del fracaso de políticas que no han dado los resultados esperados, y que ponen en riesgo la provisión mixta del sistema educacional chileno. Buscamos que las candidaturas presidenciales y parlamentarias que postulan en noviembre a acceder a los poderes públicos tengan a la vista que todos los estamentos de la educación particular subvencionada (sostenedores, directivos, docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, que suman el 55% de la matrícula escolar del país) están siendo afectados negativamente por este proceso de reforma educativa. Hemos visitado todas las regiones, y todos los estamentos están dispuestos a luchar en procura de una educación inclusiva y de calidad, que no sea discriminada por el Estado.