Sistema único de admisión a la Educación Superior
Un tema controversial del proyecto de Ley de Educación Superior es la propuesta de un Sistema Único de Admisión (SUA). Para abordarlo, cabe responder tres preguntas. Primero, si el sistema debe o no ser único. Son muchas las ventajas de un SUA, destacándose las economías de escala en la elaboración de pruebas de admisión y de logística en su toma. En Brasil los postulantes toman tantas pruebas como a universidades postulan, y es tan costoso que hoy se busca unificar el acceso con un solo examen nacional. Adicionalmente, un SUA permite determinar las preferencias de los alumnos, lo que sirve de indicador de calidad y, por ende, para orientar la entrega de recursos estatales.
En segundo lugar, debe responderse quién define y administra el SUA. El proyecto de ley establece un involucramiento excesivo del ministerio, posiblemente como respuesta a la aprensión de que en el SUA actual hay demasiados espacios para acciones excluyentes por parte de las universidades que lo controlan. Una administración independiente, enmarcada a criterios de no exclusión, con fuerte involucramiento de las instituciones de educación superior, es el término medio necesario.
En tercer lugar, debemos responder qué ocurre con el sector técnico-profesional (TP). Aquí es donde la confusión es mayor. Hasta ahora, la admisión TP se restringe por capacidad de pago, aunque el creciente financiamiento del Estado ha relajado esa restricción. Pero cuando aumenta el financiamiento subsidiado se genera un exceso de demanda, a menos que el Estado financie carreras de menor costo y calidad. Por ello, si se descarta el precio como mecanismo de control del exceso de demanda, debemos pensar en otro más virtuoso que el desfinanciamiento de las instituciones o el deterioro de la calidad.
Intentar separar restricción de vacantes, sistema de acceso y financiamiento amplio a los estudiantes es erróneo; es todo parte del mismo problema. Solo pensemos en Finlandia, un país que tiene gratuidad completa, educación de calidad, pero el Estado tiene recursos suficientes solo para financiar a uno de cada tres potenciales estudiantes. Para rankear y definir a los beneficiarios, aplica un SUA.
Sin perjuicio de que por el natural costo en cobertura y por otras prioridades sociales tengo objeciones a un sistema de gratuidad universal, el exceso de estudiantes debe ser asignado de alguna manera que no involucre, como hasta ahora, desfinanciamiento de instituciones. La forma más correcta en educación superior TP es a través de un SUA inclusivo, pues particularmente en este mundo, poco tiene que ver la capacidad de aprender y transformarse con la cuna o con la educación previa.
Un SUA implementado con pruebas específicas o criterios de esfuerzo permitirá privilegiar no solo la asignación de recursos frescos a las instituciones de mayor calidad, para que innoven en métodos educacionales, sino que muy particularmente las vacantes. Hoy, sin un SUA, la asignación de vacantes adicionales se realiza por glosa presupuestaria, lo que significa por ejemplo que un alumno que desea ingresar a una institución de alta calidad, pueda verse inducido a acceder a una peor. Ello, aunque puede parecer justo bajo algún criterio, no es correcto ni para los estudiantes ni para el futuro de la educación.