GOBIERNO Y CAMBIOS A LA LEY ANTITERRORISTA
Sería preferible que el Ministerio del Interior concentrara sus esfuerzos en restablecer el estado de derecho en La Araucanía antes que buscar introducir cambios que deberán ser tramitados bajo premura.
En una extensa entrevista con este medio, el ministro del Interior abordó una serie de materias de la contingencia, entre ellas lo relativo al asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, caso en el cual los 11 comuneros inculpados por la Fiscalía fueron liberados por el tribunal oral en lo penal de Temuco. Dicho fallo también desestimó el carácter terrorista de este crimen, todo lo cual abrió un fuerte debate sobre la eficacia del Estado para brindar seguridad y proporcionar justicia en La Araucanía.
Según informó el jefe de gabinete, el gobierno ya se encuentra trabajando en dos proyectos de ley, uno de los cuales se refiere a regular materias relativas a la prisión preventiva, mientras que el otro aborda la ley antiterrorista, de modo que las conductas punibles allí descritas se trasladen al Código Penal, desapareciendo como ley especial. A juicio del ministro, tal cambio se hace necesario debido a que la ley antiterrorista tiene un origen que no es democrático -lo que le restaría legitimidad- y por aspectos técnicos y jurídicos a fin de facilitar su aplicación.
El momento que ha elegido la autoridad para emprender estas reformas -que por su naturaleza revisten especial complejidad, y un cuidado análisis de sus alcances jurídicos- resulta especialmente inapropiado, y elude por esta vía hacerse cargo de los graves problemas de inseguridad que siguen afectando a La Araucanía -los que se han incrementado en su escala y nivel de violencia, hasta ahora sin responsables-, y que son de competencia directa del Ministerio del Interior.
Cuando restan apenas cinco meses para que concluya el gobierno, y en medio de un clima electoral que bien podría prolongarse hasta mediados de diciembre en la medida que haya segunda vuelta, parece poco probable que en el Congreso exista un margen razonable para discutir estas iniciativas. La agenda legislativa, por lo demás, ya está completamente sobrecargada, y lo estará aún más pues el propio Ejecutivo ha señalado que también enviará el proyecto respectivo para iniciar los cambios hacia una nueva Constitución.
Insistir en debatir cambios a la legislación antiterrorista en este marco -con alto riesgo de que la discusión se utilice como herramienta electoral- arriesga a que nuevamente se obtenga como resultado una legislación improvisada, técnicamente defectuosa y que obligue a introducir cambios en el futuro. De allí que lo aconsejable es que si al gobierno le asiste la convicción de que este instrumento debe ser modificado, reserve esa tarea a la siguiente administración y legislatura. Cabe recordar que el propio gobierno nombró en 2014 una comisión asesora presidencial para estos efectos, sin que haya producido ningún resultado en todo este tiempo.
Por lo demás, el marcado sesgo ideológico con que la Nueva Mayoría ha abordado la legislación antiterrorista, la ha hecho incurrir en contradicciones -como el hecho de que al inicio de este mandato se desestimara expresamente aplicarla en el caso de La Araucanía, para luego dar pie atrás-; recientemente la Mandataria ha vuelto a reiterar que “siempre hemos estado en contra de la ley antiterrorista”.
Frente a la impunidad y violencia que se vive en La Araucanía, el Ministerio del Interior debería abocar los esfuerzos de esta última etapa a redoblar la seguridad en esta zona y buscar la urgente restauración del estado de derecho.