Un juez, su isapre y una pelea de vida o muerte
Durante 20 años, Héctor Troncoso impartió justicia en Lebu, VIII Región. Ahora está del otro lado del mesón. La Corte Suprema y la Superintendencia de Salud resolverán sobre su periplo en busca de un medicamento único.
Desamparado por las instituciones y vulnerado en su derecho a la vida. Así dice sentirse Héctor Troncoso Muñoz (79), juez de Policía Local de Lebu, Región del Biobío, quien hace casi 12 meses comenzó un periplo judicial para que isapre Cruz Blanca, donde cotizó durante 28 años, financie el millonario medicamento que necesita consumir mes a mes, producto de una fibrosis pulmonar idiopática.
Con boletas y papeles en la mano, argumenta que desde enero pasado ha tenido que desembolsar más de $ 3 millones mensuales en la compra de Vargatef, el único medicamento que, según la indicación de su tratamiento, puede estabilizar su patología. “Se trata de una enfermedad que provoca un deterioro progresivo e irreversible de la función pulmonar”, asegura su abogado, José Bidart.
Como la aseguradora había rechazado en varias oportunidades sus solicitudes de reembolso, Troncoso interpuso en abril pasado una acción judicial en la Superintendencia de Salud, la que hasta la fecha aún no emite un pronunciamiento.
El tiempo pasaba y las respuestas sumaban urgencia. Por eso, en julio optó también por un nuevo trámite. Presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción. El reciente 10 de octubre, sin embargo, el tribunal de alzada lo rechazó, argumentando que “los hechos en los que se sustenta la acción constitucional se encuentran sometidos al imperio del derecho”, en referencia al juicio arbitral pendiente en la superintendencia.
“Para mí es inexplicable. Dejaron de lado toda protección a la vida”, dice el juez Troncoso.
Tras aquel revés judicial decidió acudir ahora a la Corte Suprema. Bidart explica que “estamos absolutamente conscientes de que existe un juicio arbitral, pero la protección del derecho a la vida no tiene los mismos tiempos que los procesos judiciales, y la realidad de mi cliente es que él necesita su medicamento para vivir”.
Las críticas del juez de policía local no solo apuntan a la Corte de Apelaciones y a la isapre –que contactada por La Tercera declinó referirse al tema-, sino que también a la “demora” de la Superintendencia de Salud.
Respecto de ese punto, el superintendente, Sebastián Pavlovic, explica que no puede pronunciarse sobre un caso puntual, pero apunta a que la institución “hace lo posible para acelerar aquellas causas que son más complejas y urgentes de resolver, y con los recursos que tenemos tratamos de dar respuesta en los plazos más acotados posible”.
Por ahora, Troncoso espera.b