Alcances y magnitud del fraude en Carabineros
El informe de la Cámara de Diputados aporta nuevos antecedentes que dejan al descubierto las graves fallas de control en la institución.
Luego de casi siete meses de trabajo, el pasado martes finalizó su trabajo la Comisión Investigadora del millonario fraude al interior de Carabineros, que aprobó por mayoría el informe en que no solo hay una detallada descripción de cómo sucedieron los hechos, sino también estableció responsabilidades a los directores de finanzas, a los subdirectores y a los inspectores generales a lo largo del tiempo. También reprocha el actuar de cuatro directores generales, incluido el actual.
Si bien el informe será votado en diciembre por la Cámara, constituye un insumo positivo en favor de ayudar a transparentar el caso en todas sus aristas; a su vez, reafirma que la institución incurrió en graves desprolijidades y que se trata de un desfalco a gran escala. De acuerdo con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, el monto de la defraudación supera los $ 26 mil millones, con un total de 118 imputados a la fecha.
En el informe de 289 páginas se realiza un relato detallado de cómo se articuló el fraude y la forma en que actuaron a quienes se atribuyen responsabilidades. Tratándose de irregularidades que venían cometiéndose desde hace 11 años, es inevitable que las responsabilidades también tocaran al alto mando. Es así como el informe reprocha a los ex generales directores José Bernales, Eduardo Gordon y Gustavo González “no haber adoptado con diligencia las medidas tendientes a superar la falta de control imperante a nivel institucional, situación que se está corrigiendo, recién a partir de la difusión del fraude”. Además, las críticas también incluyen al actual general director, Bruno Villalobos, a quien si bien no se solicita su salida –medida que fue evaluada por los integrantes de la comisión-, sí se le cuestiona por atribuir el problema a una “cultura de control deficiente”, lo que fue calificado de “la mayor gravedad”, debido al ineludible rol de supervisión y responsabilidad jerárquica que recae en la superioridad.
Es por ello que, a la luz de estos nuevos antecedentes -que se suman a otras irregularidades que han afectado a la institución, como la millonaria compra de más de 10 mil botas para efectivos sin llamar a licitación pública-, se hace urgente poder llegar hasta el fondo de la investigación, en forma totalmente transparente y dentro de un plazo razonable. Resulta especialmente grave que una institución clave como es Carabineros aparezca cuestionada de esta forma. Ésta históricamente ha gozado de altos índices de aprobación y de credibilidad según diferentes estudios de opinión, y este caso ha minado su credibilidad. Una reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló que la confianza en Carabineros cayó 17 puntos respecto de la anterior medición.
En la medida que la desconfianza siga aumentando, es evidente que ello puede resentir la confianza de los ciudadanos hacia el quehacer policial, desincentivando la denuncia de delitos o cuestionando aumentos de presupuesto o de dotación policial. Y profundiza el sentimiento de desapego a instituciones relevantes (Congreso, fiscales, tribunales, partidos políticos), lo que no resulta saludable para nuestra democracia.
El gobierno y la institución deben dar señales potentes de que los controles internos han sido reforzados, y que se buscará que éstos también sean estrechamente supervisados por estamentos independientes, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que posteriormente deberán ser establecidas.