MAX COLODRO . PABLO ORTÚZAR
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Llegó el día de las elecciones: para algunos un plebiscito respecto al “modelo” de desarrollo cursado por el país en los últimos treinta años; para otros, más bien un referendo sobre las “reformas” implementadas por el actual gobierno. Y para todos, un proceso electoral que definirá no solo las prioridades de gestión pública de los próximos años, sino los fundamentos ideológicos desde los cuales esas prioridades serán abordadas por el Estado.
Con todo, en el subsuelo de estas controversias habita también una tensión distinta, un desajuste político y cultural que hunde sus raíces en el quiebre vivido por la sociedad chilena en el último medio siglo. Hace ocho años, la derecha ganó por primera vez unas elecciones democráticas con mayoría absoluta, una realidad que para un sector relevante de la centroizquierda no hizo más que revivir un trauma histórico, que la llevó a un paradójico cuestionamiento del Chile construido desde el retorno a la democracia.
En rigor, una de las razones que explica por qué un segmento de la centroizquierda decidió tirar la “obra” de la Concertación por el triturador de basura dice relación con este problema: descubrir luego de veinte años en el poder, que había dado a luz una sociedad que hacía posible que los otrora partidarios de la dictadura, ahora ganaran elecciones en democracia y con mayoría absoluta. Fue, para muchos, un desenlace dramático, que condujo a la centroizquierda a reelaborar su visión del pasado reciente y a inclinarse luego por el imperativo de reemplazar la institucionalidad política –una nueva Constitucióny por cambios estructurales que sentaran las bases de “un nuevo modelo” económico y social.
Se instaló entonces un diagnóstico que no se hacía cargo de los avances y transformaciones generados en las dos décadas que la Concertación estuvo en el poder, sino más bien, que respondía al impacto de perderlo en manos de las fuerzas políticas que en su momento respaldaron a Pinochet. Había, por tanto, que empezar todo de nuevo: se requería de una retroexcavadora y de una agenda “refundacional”, para echar abajo los cimientos de la sociedad edificada desde el inicio a la transición. Hoy sabemos que ese diagnóstico y esa agenda no eran compartidos por la mayoría de la gente, ese 70% de los chilenos que según la última encuesta del CEP se siente “feliz” con su vida, y que a pesar de muchas dificultades, se endeuda, consume y tiene en la actualidad una calidad de vida muy distinta a la que tuvieron sus padres.
En síntesis, este proceso electoral supone también el desafío político y sociocultural de ir normalizando la alternancia en el poder, esa dimensión básica y esencial a todo sistema democrático, pero que para un sector todavía importante de la sociedad chilena, representa algo espeluznante. Llegar a asumir y valorar que en Chile existan proyectos políticos de centroizquierda y de centroderecha que compitan en igualdad de condiciones, sin pretendientes de superioridad moral ni de mayor legitimidad democrática de unos sobre otros. Un desafío que en los hechos implica tener reglas del juego reconocidas por todos, compartir un “modelo” de sociedad y un marco institucional que no se vean puestos en riesgo en cada competencia electoral. Una tarea que sin duda nuestra democracia tiene todavía pendiente.
Este proceso supone también el desafío político de ir normalizando la alternancia en el poder.