ESCUCHAS TELEFÓNICAS AL PRESIDENTE DEL SENADO . SEÑALES MIXTAS EN LA ECONOMÍA

Las críticas del Presidente de la Corte Suprema al procedimiento llaman a confusión, porque se podría poner en duda el principio de igualdad ante la ley.

Ha sido sorpresiva la revelación de que el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, se encuentra investigado por un posible cohecho y tráfico de migrantes -cargos que el parlamentario ha negado rotundamente-, para cuyos efectos el Ministerio Público solicitó incluso la interceptación de su teléfono celular. Esta circunstancia ha sido objeto de cuestionamientos, en especial del presidente de la Corte Suprema, quien estimó que “es muy grave que se intervenga con relativa facilidad el teléfono del presidente del Senado”.

Por tratarse de una situación inédita -en cuanto a que una de las más altas autoridades en ejercicio sea indagada y sometida a escuchas- es explicable que existan puntos de vista divergentes en cuanto a si procedía una medida tan intrusiva, particularmente porque al tratarse de un alto dignatario es posible que en las interceptaciones también se captara información sensible para el propio Estado.

No parece adecuado que se adelanten juicios sobre la pertinencia de una investigación atendiendo a antecedentes parciales, pues sus contenidos son reservados. Lo que sí consta es que las escuchas fueron solicitadas por la Fiscalía y autorizadas por el respectivo juzgado de garantía, por lo que desde el punto de vista procesal parecen haberse cumplido con todas las formalidades que exige la ley.

Es evidente que si hay una investigación reservada, ello no podría haber sido comunicado al propio afectado, y por lo mismo solo cabría esperar que la indagación siga su curso, respetando el principio de presunción de inocencia. Dentro de este marco, está operando el estado derecho, y ante ello ningún ciudadano podría pretender estar por sobre la ley o reclamar un trato privilegiado simplemente en razón de su investidura.

Naturalmente que, al tratarse de una de las más altas autoridades del país, la Fiscalía y las policías deben ser especialmente celosas para procurar que, si en virtud de las escuchas se accedió a información estratégica, ella sea debidamente cautelada. Pero esta elemental precaución no debe servir como pretexto para inhibir una investigación judicial.

Sin embargo, el principio de la igualdad ante la ley queda en entredicho a la luz de los reproches del presidente de la Corte Suprema, que indirectamente van dirigidos al tribunal de garantía, del cual es su superior jerárquico. Además de resultar poco prudentes -aunque no haya sido la intención, inevitablemente han aludido al fondo del asunto-, estos dichos crean una inconveniente confusión. Si el presidente del máximo tribunal formuló estos cuestionamientos sin haber conocido los antecedentes, entonces parece sugerir que se le está dando más relevancia al cargo del investigado antes que al principio de la igualdad ante la ley. Por ello sería clarificador que el alto magistrado explicara mejor el alcance de sus afirmaciones y rectifique si es el caso.

En las sucesivas instancias procesales que siguen se podrá evaluar si el mérito de la investigación al senador Zaldívar así como las medidas autorizadas por el tribunal de garantía fueron pertinentes. Pero independientemente de ello, el único principio que puede brindar tranquilidad a toda la comunidad es que ningún ciudadano será tratado con varas distintas frente al poder judicial.