“Quisiera tener 5.000 colegios públicos Bicentenario y no separar 300”
La nueva autoridad será la encargada de llevar adelante el proceso de desmunicipalización de la educación pública, que partirá oficialmente en 2018 con el inicio de funciones de los primeros cuatro servicios locales de educación. Espera que ningún municipio opte por suspender su ingreso al sistema y reconoce que este será un “tremendo desafío”.
Rodrigo Egaña es dueño de un récord que muchos intuyen, pero pocos dimensionan. Este ingeniero comercial y militante socialista ha trabajado en siete gobiernos y a partir del 11 de marzo de 2018 sumará una octava administración. Esto luego de que la Presidenta Michelle Bachelet le encomendara la misión de ser el primer director nacional de educación pública, cargo que lo convierte en la persona que tendrá la responsabilidad de echar a andar el proceso de desmunicipalización. “Mi relación con el sistema público partió en el gobierno del presidente Salvador Allende, siendo funcionario de Corfo, y en algún tiempo fui jefe de gabinete del ministro de Hacienda. Eran tiempos juveniles y mozos que terminaron dramáticamente”.
¿Qué diferencia tiene esta responsabilidad que se le ha encomendado respecto a todas las otras funciones que le ha tocado cumplir en el aparato público?
Primero, creo que estamos hablando de una transformación en el Estado que es de naturaleza distinta a las que normalmente se han hecho; o sea, cuando uno piensa en procesos de reorganización en el Estado, muchas veces aparece la palabra descentralización, y eso implica ir desde un centro muy grande, poderoso, que toma todas la decisiones, a las regiones y al territorio. Aquí tenemos un fenómeno a la inversa. Estamos pasando de la educación pública, en la cual los sostenedores son los municipios, 353 municipios tenemos en el país, y estamos yendo a una etapa intermedia, que son los servicios locales de educación que se agrupan por territorio, por afinidad territorial, que van a tener características comunes, que se van a conformar desde la base de la organización del Estado, hasta una organización que hoy día en el ámbito de la educación no existe. Eso es un tremendo desafío para mí.
¿Esta transformación mejorará la calidad de la educación pública?
Esto es una condición necesaria pero no suficiente. Toda la evaluación que hay, leer el estudio de la OCDE es súper interesante. Porque decía que la estructura de educación municipal no era adecuada para mejorar la calidad por múltiples razones. No había capacidad de acompañamiento, los problemas financieros no eran bien tratados, era difícil tener personal en los municipios preocupados de los temas pedagógicos y educacionales, algunas tareas quedaban grandes para un municipio. Tener acompañamiento psicológico, tratamiento de casos especiales, etc. Eso tiene una posibilidad mayor cuando se reúnen cuatro o cinco municipios y en vez de pasar de 5.000 o 3.000 podemos pasar a 25.000 o 30.000 alumnos. Eso da un elemento de tratamiento mejor, pero al mismo tiempo sabemos que con eso no estaremos mejorando la calidad del aprendizaje, ni de hacernos cargo de las diferencias territoriales en la cultura, en las condiciones sociales, familiares, económicas, que obligan a reinventar la educación en distintos lugares.
¿Este cambio significará el despido de muchos funcionarios municipales?
Evidentemente donde vamos a tener mayor ahorro es en las tareas administrativas. Si alguien llevaba una contabilidad por $ 5 mil millones, con alguna ayuda podrá llevar una contabilidad por $ 10 mil millones, y por lo tanto no necesitamos doblar y sumar toda la gente. Nosotros estamos trabajando en la perspectiva de que todos puedan tener una solución, y ya estamos en la fase de haber definido las estructuras de los servicios locales, los perfiles de los distintos cargos y la próxima semana empezamos una presentación de eso en los dos primeros servicios para que los equipos que trabajan en la administración de educación municipal los conozcan, después lo conozcan los trabajadores, las agrupaciones, hagamos los ajustes que sean necesarios y cada cual puede empezar a ver donde tiene alguna posibilidad. Existen varias alternativas que todavía pueden ejercerse de reubicación, y también hay un acuerdo con los alcaldes, de cooperar para que en la medida que sea posible nadie quede desempleado.
¿Cuándo estima usted que es prudente decir midamos los avances?
En la ley eso quedó establecido. Se dice, vamos a partir el 2018, el 2019, 2020 y 2021 una comisión de evaluación, que va a ser compuesta por seis expertos en materia educacional, evaluará cómo ha ido la implementación y le entregará al próximo Presidente sugerencias sobre la continuidad futura de la implementación. Está planteado que la implementación se haga totalmente antes de 2030, de esa recomendación pudiera salir, ‘hagámoslo más lento, más rápido’.
¿Cree que llegarán en condiciones de tener un buen resultado?
Tendríamos que llegar en condiciones de aprobar el examen con nota muy buena. Esa es nuestra apuesta.
Sebastián Piñera propone ampliar a 300 el número de colegios Bicentenario, ¿esa medida tiene cabida en este proceso?
Si usted me dijera ¿esos colegios van a perder? Yo diría “quisiera tener 5.000 colegios públicos Bicentenario y no separar 300”. ¿Por qué 300? Aspiremos a que los 5 mil sean Bicentenario. Esa es nuestra meta y nuestro desafío, o sea no tratar de tener unos pocos buenos.
Hay municipios que, por ley, podrán suspender su ingreso al sistema. ¿Cómo enfrentarán esa situación?
Yo les preguntaría por qué. Por qué no se integran y comparten lo bueno que tienen. Obvio que intentaré convencerlos de sumarse, porque esto es una cruzada nacional. Esta no es una cuestión de que le guste a uno o a otro. Si a mí alguien me dijera “hay tales colegios públicos que son muy buenos y queremos mantenerlos así”, yo le diría “por favor intégrelos a la red”. El desarrollo del país es un trabajo colaborativo, no es un trabajo de que lo bueno mantengámoslo para que sea excepcional y que el resto se arregle como pueda. ●