Dineros de seguridad privada

“Irregularidades en el uso de recursos públicos por un total de $ 129.601.940, lo que podría revestir caracteres de delito”.

Esa es la advertencia que la Contraloría General de la República le envió en un oficio reservado al Ministerio Público, tras realizar una fiscalización a la Zona de Seguridad Privada de Carabineros (Zosepcar), de la que dependen el OS-10 y el OS-11.

Según el órgano contralor, luego de revisar la información contenida en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe) de 2016, se estableció que la Zosepcar emitió cheques desde dos cuentas corrientes del BancoEstado.

Pero tras solicitarle a la entidad financiera que le enviara las copias de los cheques, Contraloría estableció que los documentos bancarios no fueron girados a nombre de reparticiones de Carabineros, ni tampoco cobrados por ellos, sino por Mario Figueroa. ¿Quién es él? Uno de los civiles que facilitaron su cuenta corriente y la de su pareja, María Virginia Rojas, a la que los ex oficiales involucrados en el fraude transfirieron más de $ 4 mil millones.

Pero el ente fiscalizador, además, descubrió que hubo una supuesta duplicidad en el pago de arriendo de automóviles.

Ello, porque la Zosepcar pagó por servicios al proveedor Autorentas del Pacífico, pero también a María Virginia Rojas, quien no figuraba como proveedora de la policía uniformada.b