HACIA UN NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN
En materia de educación superior, parece apropiado que un ente autónomo dirija el proceso, y dentro de ese marco las universidades tengan espacio para incluir otros mecanismos.
En el contexto de la reforma a la educación superior que se discute en el Senado, los rectores del Consejo de Rectores (Cruch) se han opuesto a algunas de las medidas ahí incluidas. Uno de los puntos en discusión es la idea de traspasar el sistema de admisión a la educación superior, hoy en sus manos, a la futura Subsecretaría del ramo que el proyecto de ley crearía. Dicho traspaso no es una buena idea –por lo mismo no existen otros países en el mundo que presenten un modelo como el planteado-, ya que la presencia del Ejecutivo en el proceso tiene el riesgo de contaminar políticamente un proceso que se ha caracterizado por su confiabilidad y transparencia. Por otro lado, son las propias instituciones las que están en mejor posición para decidir qué instrumentos y mecanismos son los más efectivos para identificar a aquellos estudiantes que tendrán un paso más productivo por la educación superior.
Sin embargo, existe un amplio espacio de mejora al sistema actual, tanto en la institucionalidad como en los instrumentos de admisión que actualmente se utilizan en el país. En este sentido, hay al menos dos aspectos que debieran ser motivo de reflexión. En primer lugar, el hecho de que sea el Cruch -un subgrupo de las instituciones que conforman el sistema de educación superior- el que decida por sí y ante sí aspectos que afectan a todas las instituciones del país, parece cuestionable. Polémicas como qué instituciones privadas pueden participar en el sistema único de admisión podrían haberse evitado con una institucionalidad más adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema es financiado prácticamente en su totalidad por recursos públicos. Propuestas como las que en su momento realizó el ex ministro de Educación Harald Beyer respecto a que sea un ente autónomo –con representación de las instituciones- el responsable del sistema de admisión parece una alternativa viable.
Por otro lado, quien tome las riendas del sistema de admisión deberá hacerse cargo de los cuestionamientos que desde hace unos años se han hecho a la PSU. En este sentido, debiese abrirse la posibilidad de que este test sea licitado internacionalmente de modo de mejorar la calidad del instrumento que le cuesta anualmente al país cerca de $6 mil millones y que históricamente ha estado en manos de la Universidad de Chile, sin que exista una licitación previa. Asimismo, urge ampliar la batería de instrumentos disponibles para las instituciones (ensayos, pruebas de habilidades específicas) que logren predecir -independiente de las características socioeconómicas de los postulantes- de mejor manera sus posibilidades de éxito académico.
Pese a que un sistema único de admisión tiene ventajas como la conveniencia para los estudiantes y la posibilidad de que el Estado entregue ayudas estudiantiles sobre la base de criterios uniformes, no debe descartarse que exista un mayor espacio para que las propias instituciones –incluso dentro de un sistema único- tengan la posibilidad de incluir en el proceso mecanismos que les permitan identificar a postulantes que mejor se adecuen a sus particulares proyectos educativos.