Universidades del Estado y calidad

Justo cuando la ministra de Educación comentó que las universidades estatales y las privadas que son parte del Consejo de Rectores “son por lejos las mejores del país”, trascendió que la Comisión Nacional de Acreditación certificó a la Universidad de Atacama por un periodo de tres años, disminuyendo de los cuatro años que había recibido en el proceso anterior, situación que la dejaría por debajo de 12 universidades privadas que no forman parte del Cruch y sin cumplir el requisito exigido para acceder a la gratuidad.

Este hecho –además de distintas mediciones nacionales e internacionales- da cuenta de que entre las universidades más destacadas de Chile se encuentran una mezcla de instituciones estatales y privadas que forman parte del Cruch, junto con privadas que no son parte de dicho grupo. Ello demuestra que la calidad de los planteles no está dada por la condición jurídica de éstos. Por ende, las políticas públicas no debieran considerar dicha característica para distribuir los beneficios de los distintos programas estatales.

Es de esperar que el proyecto de ley de educación superior que se encuentra en discusión en el Senado tenga en cuenta estos antecedentes, los criterios que en su momento hizo ver el Tribunal Constitucional y que, en lugar de desconocer un hecho objetivo, se haga cargo de la realidad de nuestro sistema de educación superior, buscando incentivar a todas las instituciones que sean un aporte a la formación académica y a la creación científica, sin importar quién sea el dueño del plantel.