Corte envió a prisión a Rafael Garay tras nueve días de arresto domiciliario
Tribunal de alzada estimó que libertad del ingeniero es un peligro para la sociedad y que existía el riesgo de que se fugara.
Poco. Solo nueve días duró la estadía fuera de prisión de Rafael Garay Pita, el ingeniero comercial formalizado por una presunta estafa cercana a los $ 1.800 millones.
El 11 de diciembre, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago había decidido modificar la medida cautelar que había en su contra por arresto domiciliario total. Pero ayer la Corte de Apelaciones capitalina dijo otra cosa: “Resulta que no han variado los antecedentes que se tuvieron en consideración para disponer la prisión preventiva del imputado, vale decir, la existencia de un peligro para la seguridad de la sociedad y de un peligro de fuga”.
Respecto de este último punto, el tribunal de alzada estimó que el riesgo de huida quedó plasmado en la misma resolución que lo liberó, “al disponer una custodia policial las 24 horas del día”.
Así, Garay se encontraba en el departamento ubicado en calle Lord Cochrane y esperaba que junto a su abogado, Daniel Celis, se presentara al término de la jornada ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, Carabineros lo trasladó a la Cuarta Comisaría de Santiago para constatar lesiones y posteriormente dejarlo en custodia de Gendarmería.
Celis indicó que su defendido “está tranquilo. Esto que pasó era parte de las posibilidades, algo que podría ocurrir”.
Las aspiraciones del ingeniero comercial, de esperar en el departamento de su pareja y madre de su hijo hasta que la investigación termine, comenzaron a complicarse luego de que los querellantes y el fiscal del caso, José Morales, apelaran a la resolución que lo había liberado. La parte acusatoria insistía en que constituía un peligro para la sociedad y que se podía fugar.
Morales, en su recurso, señaló que Garay se encuentra formalizado por la presunta estafa contra 36 personas. Asimismo, agregó que según la investigación que ha realizado junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, el ingeniero contactó a diversos clientes para que invirtieran en su empresa Think & Co, con la promesa de un 18% de rentabilidad anual. Sin embargo, los dineros que recibió los habría gastado en pagar supuestas utilidades de los mismos clientes y en sus gastos personales, sin que se evidenciara inversiones en instrumentos bursátiles. Por esto es que el Ministerio Público plantea que el presunto fraude protagonizado por Garay entraría dentro de la categoría de estafa piramidal. El ingeniero, de acuerdo a la indagatoria, aprovechaba su figuración mediática para generar confianza en las víctimas.
Morales indicó ayer que la investigación se encuentra cerca de terminar y que presentará la acusación en las próximas semanas. Añadió que “faltan algunas diligencias que han pedido los querellantes” y que hasta el momento “no hay antecedentes de que haya escondido dinero en el extranjero”. Trascendió que la fiscalía pedirá entre cinco y siete años de cárcel.
El querellante y ex fiscal nacional Sabas Chahuán indicó que “nosotros hemos sostenido que debe ser una pena efectiva de cárcel, porque es una reiteración de un delito de estafa” y que “hay varios cientos de millones en que no están justificados, donde están ni donde se habrían gastado, sin perjuicio de que hubo un despilfarro importante”. ●