Fiscalía Nacional registra 27 casos de trata con fines sexuales este año
La UDP realizó un estudio sobre la violencia sexual a extranjeras en su trayecto migratorio hacia Chile. Informe contiene relatos que involucran a extranjeras que “pagarían” con sexo para ingresar al país.
En marzo de este año, el Séptimo Juzgado de Santiago autorizó -a petición de la Fiscalía Centro Norte- que un subinspector de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI actuara como agente encubierto en un caso de presunta trata de personas para el ejercicio de la prostitución. La idea era identificar al usuario que ofrecía el trabajo a través de una página web.
Así, el policía se infiltró creando un perfil ficticio como “usuaria” de la web que ofrecía trabajo a mujeres que quisieran ser scorts en Santiago. La oferta decía que podrían vivir en un departamento sin pagar arriendo y, además, se les pagaría el costo parcial del pasaje para viajar a Chile. Según la oferta, el sueldo podía alcanzar hasta los US$ 1.500 al mes y en el caso de que la interesada tuviera entre 18 y 24 años podría ganar hasta US$ 2.000.
Este caso, que todavía sigue en fase de investigación sin formalizados, es parte de una serie de causas por este delito en el país. De hecho, según cifras de la Fiscalía Nacional, durante 2017 se denunció un total de 27 casos de trata de personas con fines de explotación sexual, y en cada caso hay, al menos, una víctima.
Sin embargo, podrían ser aún más las personas afectadas por este delito. “No contamos con la cifra exacta de víctimas, toda vez que hay casos en los cuales no se sabe certeramente cuántas víctimas efectivamente hay”, explicó el director de la Unidad de Derechos Humanos y Violencia de Género de la Fiscalía Nacional, Luis Torres.
Asimismo, Torres dijo que “en la medida en que aumenta el flujo migratorio, la posibilidad de que se cometan delitos como los descritos aumenta, por lo que debemos estar atentos y preparados como institución para enfrentar este desafío”.
Informe de la UDP
Estas cifras cobran relevancia tomando en cuenta la gravedad del fenómeno, el que fue analizado a través de un estu- dio sobre violencia sexual hacia mujeres extranjeras en su trayecto migratorio hacia Chile, realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) entre junio y octubre.
El análisis hizo una revisión documental de más de 100 carpetas de tramitación de casos judiciales de mujeres víctimas, patrocinadas por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP. También se hicieron entrevistas en profundidad en Santiago, Iquique, Arica y Pisiga, Bolivia, a personas provenientes de instituciones públicas y privadas que prestan asesoría jurídica y social a migrantes, solicitantes de asilo y/o refugiadas.
Entre los testimonios están los de dos religiosas, pertenecientes a las Hermanas Hijas de la Caridad de la congregación San Vicente de Paul, que ayudan en su casa de acogida a personas migrantes en Pisiga, Bolivia. Ellas relatan que las mujeres migrantes “pagarían” con sexo, sea en forma obligada, coaccionada o “voluntaria” para efectos de completar el precio por el ingreso irregular a Chile. También mencionaron el concepto de “trueque”, es decir, mujeres entregadas por compañeros de viaje que pagan con la entrega del cuerpo de una mujer a chilenos para ingresarlos al país.
Asimismo, de acuerdo al estudio de la UDP, “quiero culito” es la frase usada por una de las religiosas para describir lo que traficantes de personas de la zona les piden a las mujeres que solicitan su ayuda para cruzar la frontera. Específicamente, señala el informe, se trata de una expresión usada por los hijos del “coyote” boliviano más famoso del sector de Pisiga, quienes son conocidos por violar a las mujeres colombianas que llegan a pedir su ayuda en el traslado hacia Chile.
Según el documento, “el pago en sexo sería una forma de pago adicional para ingresar a las mujeres migrantes de forma irregular hacia Chile, o bien la forma de pago cuando estas ya no tienen dinero”.
Para el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, “es muy importante que la autoridad migratoria y todas las instituciones que intervienen en el proceso migratorio estén conscientes de estas realidades, así que es muy bienvenido el informe la UDP, porque permite decir que no solamente el fenómeno migratorio podría ser la trata y el tráfico, sino que también en tráfico relacionado con delitos sexuales contra la mujer”.
En ese sentido, Marelic destacó que “el instituto este año ha realizado vistas a los pasos fronterizos del norte del país para hacer investigaciones sobre el rol y la actitud de los funcionarios fronterizos con el migrante”.
Según la abogada Francisca Vargas, una de las investigadoras de este informe, “las autoridades no manejan de forma adecuada los casos en que hay violencia sexual en contra de mujeres migrantes en su trayecto migratorio”.
La académica señaló que “el Estado no atiende de manera adecuada a estas víctimas. Esto, porque no existen mecanismos de información y de apoyo para las mujeres que sufren violencia sexual en su trayecto migratorio, cuestión que contribuye a que muchas mujeres vean que aquello es un ‘costo’ asociado a su migración, algo que deben soportar en contra de su voluntad para poder ingresar al país”. ●
“El Estado no atiende de manera adecuada a estas víctimas (de trata de personas)”. FRANCISCA VARGAS ACADÉMICA UDP