DISCUTIBLES PROPUESTAS EN EL ÁMBITO ESCOLAR . CONGRESO Y ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS

Sería razonable que frente al cúmulo de reformas que ya se han aprobado en el sistema, algunas muy negativas, no se sobrecargue con otras de dudosa eficacia, como introducir cuotas de alumnos vulnerables en colegios privados.

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El diputado Felipe Kast propuso que colegios particulares pagados pudieran integrar en sus aulas a alumnos de escasos recursos. La propuesta consiste en que los establecimientos privados reciban a un 10% de su matrícula de alumnos vulnerables y la subvención educacional derivada por prestar este servicio. La idea, que fue presentada durante su campaña en la primaria presidencial y reflotada esta semana, aunque bien intencionada, tiene una serie de limitaciones.

Por de pronto, si bien beneficiaría potencialmente a cerca de 29 mil alumnos, ese número no alcanza a representar al 1% de la matrícula escolar nacional. Además de no ser claro cómo se seleccionará a quienes puedan optar a esta medida, dicha cifra probablemente termine siendo más baja debido a la segregación residencial de nuestro país y a que la distancia colegio–hogar es uno de los principales factores para elegir una escuela. En efecto, de los 600 establecimientos privados de Chile, un 27% se encuentra en las comunas del sector oriente de Santiago. De este modo, pareciera que los reales beneficiados serían los alumnos de mayores ingresos –que tendrían una experiencia educativa más diversa- antes que las familias vulnerables que buscan establecimientos que brinden mejores oportunidades.

Por otro lado, una de las ventajas del sector privado es que tiene mayor libertad para gestionar sus establecimientos. Pese a que de acuerdo con mediciones internacionales los alumnos de dichos colegios no destacan por sus resultados académicos, en nuestro país sí logran diferencias significativas, por ejemplo en la PSU, lo que les entrega una ventaja a la hora de acceder a las carreras y universidades más selectivas. Si se aprobara una propuesta como la descrita, es ingenuo creer que a los colegios privados no se les impondrá también la pesada burocracia que hoy dificulta la gestión y desenfoca los esfuerzos de directivos y docentes del sector municipal y subvencionado. Ello, unido a un menor nivel de recursos disponibles, le impondría importantes trabas.

Desde el año 2006, la educación ha estado en el centro del debate público. En el ámbito escolar, se han sucedido reformas como la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), la creación de una subvención escolar diferenciada para los alumnos de los dos primeros quintiles, la reorganización de la institucionalidad con la creación de la Agencia de Calidad y la Superintendencia del ramo, el fin del lucro, el copago y la selección, y la reciente aprobación del nuevo sistema de administración de la educación municipal, entre otras transformaciones profundas –no todas en la dirección adecuada, por cierto-, que han tensionado a instituciones más bien frágiles, como son los establecimientos escolares. El cambio de gobierno abre la oportunidad para darle un respiro al sistema, esperar que las reformas se asienten, corregir aquellas que no generen mejoras en los aprendizajes de los estudiantes y sugerir políticas focalizadas, que enfrenten diagnósticos precisos, de modo de evitar seguir estresando al sistema con iniciativas de bajo impacto.