LOS DESAFÍOS DE LA NUEVA ETAPA POLÍTICA EN 2018

El gobierno entrante debe ser conciliador en el tono, pero no postergar la corrección de las trabas al crecimiento que hereda, y ser hábil para demostrar las bondades de la economía libre y las políticas consistentes con dicho modelo.

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El país ha entrado en una etapa de mayor tranquilidad tras las elecciones presidenciales. Quienes optaron por la candidatura de Sebastián Piñera, lo hicieron en el convencimiento de que con dicha opción se aleja una amenaza de deterioro económico continuado y polarización política creciente. Para quienes votaron por Alejandro Guillier, llegaron tiempos de análisis y revisión de sus visiones, que, pueden anticipar, van a estar enmarcados en el contexto más conciliador y de búsqueda de consensos que pretende establecer el Presidente electo. Este solo cambio en el ánimo de la ciudadanía constituye un punto de partida favorable para la gestión de gobierno que va a iniciarse y para el desempeño general de las actividades de todo orden que ocupan a los ciudadanos.

Los resultados tan contundentes de la elección también han contribuido a apaciguar inquietudes, en la medida que confirman límites impuestos por la ciudadanía al deterioro institucional que la política puede tratar de introducir.

El país ha expresado un claro rechazo a políticas, visiones y estilos confrontacionales. Los “Hasta la victoria siempre” o las intenciones declaradas de “meter la mano a los bolsillos de los ricos”, enarbolados por Guillier para, supuestamente, atraer votación de un ideologizado Frente Amplio, revivieron fantasmas de épocas de violencia y dogmatismo, y movilizaron a una parte de la ciudadanía que no estaba participando en política, a defenderse de extremismos.

Asimismo, la elección parece haber dejado meridianamente claro que, ante el mal desempeño económico que ha acompañado a este gobierno, los votantes se volcaron en favor de quienes, desde la oposición, representaban mejor la posibilidad de retomar el crecimiento y mejoramiento continuo en materia social. En definitiva, este proceso eleccionario permitió detectar que la mayoría en el país estaba dispuesta a movilizarse para preservar lo que, tras décadas de progreso, percibe como las políticas probadas, moderadas, que van favoreciendo a todos los actores económicos y sociales.

Esta valoración del bienestar material por parte de la ciudadanía, es una protección fundamental para el orden institucional que mejor protege las libertades y la democracia, en la medida que una economía libre es claramente superior al estatismo en su capacidad de generar bienestar y progreso.

Pero este proceso eleccionario también ratificó elementos que mantienen preocupación por el futuro del país, y que constituyen un desafío para las fuerzas políticas que accedieron al poder. Desde luego, está la evidencia sobre el impacto en las votaciones de las condiciones económicas y sociales concretas e inmediatas. En provincias del norte, tradicionalmente de izquierda, el deterioro de cuatro años en las condiciones laborales, especialmente agudo por tratarse de zonas mineras, se tradujo en enorme apoyo a la candidatura de Sebastián Piñera y en fuerte sanción a la coalición gobernante. Esto obliga, entonces, si se busca proyectar la institucionalidad libre, a ir más allá de una defensa abstracta de un modelo pro crecimiento, para adoptar medidas concretas que aseguren que ese progreso es real y percibido en el corto plazo.

Desgraciadamente, sin embargo, la mayoría ciudadana no asocia con claridad determinadas políticas tributarias, laborales o relativas al rol del Estado, con una mayor capacidad de generar crecimiento, empleo, remuneraciones y prestaciones sociales. Y frente a esta necesidad de atraer a la ciudadanía a ciertas políticas, está la dificultad de quienes promueven el “modelo” económico social del país para demostrar las bondades superiores de este ordenamiento institucional, y de las políticas consistentes con él.

Así, por ejemplo, ante una demanda por apoyo del Estado en materia de educación superior, no hay nada que indique que un buen sistema de becas y financiamiento no pueda graduar mejor los apoyos y, de ser deseado, allegar los mismos recursos a quienes se favorece con un sistema de gratuidad. La diferencia que hace preferible las becas y financiamiento es que permite canalizar subsidios sin dejar de tener un sistema competitivo, abierto a la participación de prestadores privados, compatible con la autonomía académica de los centros de educación superior. En los hechos, sin embargo, la candidatura de Sebastián Piñera no logró mostrarse sensible a la necesidad de apoyar a estudiantes en educación superior, salvo prometiendo una gratuidad que representa una amenaza para la educación universitaria, ahora proyectada sobre la educación técnico-profesional.

El futuro no estará asegurado mientras la ciudadanía tenga dificultades para juzgar la importancia de ciertas políticas para el logro de sus objetivos, y mientras los partidarios de una sociedad libre fallen en explicar adecuadamente la lógica de un sistema que permite resultados superiores.

El triunfo de la oposición y el tono que Sebastián Piñera está imprimiendo a su llegada al poder, van dejando atrás una gestión de la Nueva Mayoría que resultó muy deficitaria, en cuanto debilitó bases institucionales relevantes para el progreso del país, y buscó imponer, a costa de gran tensión, una visión minoritaria y divisiva. Pero aun el extraordinario resultado electoral de la centroderecha, y el fuerte desprestigio de los intentos refundacionales de la izquierda, no eliminan la amenaza estatista.

En definitiva, la fortaleza del orden libre sigue dependiendo, como siempre, del desempeño de los gobiernos que lo representan, de su buen juicio y habilidad para convencer y asegurar las bases de esa institucionalidad. Este gobierno que llega tiene un desafío mayor, cuando tras cuatro años de Nueva Mayoría hay un evidente deterioro en aspectos claves para el funcionamiento del sistema, que requiere acciones oportunas.