EL LEGADO QUE QUEDA EN EDUCACIÓN ESCOLAR

La nueva administración debe estar abierta a introducir cambios profundos en caso de que el marco regulatorio impulsado por la Nueva Mayoría lesione la calidad y diversidad de los proyectos educativos.

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El 31 de diciembre se cumplió uno de los hitos que estableció la ley que prohibió el lucro, el copago y la selección, al terminarse los establecimientos educacionales particulares subvencionados con fines de lucro en nuestro país. Dicha tradición, instaurada hace casi ya un siglo (Ley de Educación Primaria Obligatoria de 1920), con el fin de que la sociedad civil se involucrara en la provisión de educación para vastos sectores de la población que en ese momento no accedían a la educación escolar, permitió el desarrollo de un sistema educativo no solo líder en el contexto latinoamericano, sino que también fue visto como un modelo a imitar por la acelerada mejora de sus resultados. Sin embargo, el nuevo marco institucional implementado se aleja completamente de los fundamentos que dieron pie al desarrollo de nuestro sistema escolar.

Pese a que habrá que esperar algunos años para evaluar los reales efectos que significará esta reforma, la teoría, la evidencia empírica y el sentido común no dan margen al optimismo. Por ejemplo, las fuertes barreras a la apertura de nuevos establecimientos educacionales atenuarán los impactos que genera la competencia por lograr mejores resultados y empobrecerá la libertad de elegir de las familias. Por su parte, la imposibilidad de funcionar como institución con fines de lucro no logrará despertar los “espíritus animales” que tanto se necesitan para innovar en un área que no ha incorporado decididamente las posibilidades que ofrece la tecnología en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Asimismo, el hecho de que previo a la reforma 83 de cada 100 colegios sin fines de lucro fueran confesionales, demuestra que gran parte de los proyectos educativos laicos era con fines de lucro, lo que fue un aporte a la diversidad. Finalmente, la imposibilidad de copago a las familias dejará el financiamiento del sistema únicamente en manos del Estado y su capacidad de entregar más recursos poder sobre las demás prioridades que existan.

La nueva administración debe reconocer estas dificultades. No basta, por ejemplo, con introducir un copago voluntario por parte de las familias, como se ha indicado. El hecho de que no exista selección, permitirá que familias que ex ante han decidido no hacer aportes, postular y ser aceptadas por colegios donde los apoderados hayan voluntariamente decidido entregar un monto mensual para apoyar la educación de sus hijos. Como se aprecia, a menos que se implementen cambios sistémicos importantes, volver al escenario anterior no será sencillo.

El legado del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet en la institucionalidad de la educación escolar particular subvencionada modificó profundamente los cimientos del sector que hoy educa al 55% de la matrícula escolar. Si la administración de Piñera no comparte los objetivos ni los instrumentos de dichos cambios debiera considerar cambios igualmente profundos, que debieran implementarse de modo tal que no vuelvan a tensionar a los colegios y sus comunidades que hace muchos años no pueden enfocar su trabajo en mejorar los aprendizajes de sus alumnos.