Justicia ordena reinicio de obras de proyectos en El Golf
Alcalde Joaquín Lavín sufrió revés tras decretar en diciembre la paralización del proyecto de Isidora 23.
En fojas cero. Así quedó la resolución con la que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, invalidó el permiso de edificación y paralizó, el pasado 23 de diciembre, las obras de construcción del proyecto Vespucio 345, desarrollado por la Inmobiliaria Isidora 23 -ligada a Pablo Letelier y Jaime Gana-, y emplazado en el barrio El Golf entre las calles Asturias, Renato Sánchez y Américo Vespucio.
Eso, dado a que la Corte de Apelaciones de Santiago dictó ayer una orden de no innovar, en la que dictaminó dejar sin efecto la mencionada medida mientras no se resuelva el fondo de un recurso de protección que la inmobiliaria presentó la semana pasada en contra de Lavín y donde señaló que la autoridad no cuenta con las atribuciones para definir paralizaciones.
Las obras de construcción de la iniciativa, que considera la edificación de dos torres (una de viviendas y otra de oficinas), estaban detenidas tras haber sido retomadas
por un día, el 22 de diciembre. Previo a esa fecha, ya habían sido suspendidas por 21 días por el Municipio, que argumentó que el proyecto está emplazado en una superficie menor a 7.500 m2. no respetando así su permiso de edificación.
“Le pedimos a la Corte que mientras no se resuelva el recurso de protección, todos lo efectos del decreto del 23 de diciembre se suspendan, entre ellos la paralización de las obras”, indicó el abogado representante de la firma en el caso, Jorge Bofill, quien afirmó que el decreto no indica fundamentos para la invalidación.
Tras conocer el veredicto, el alcalde Lavín señaló que “las resoluciones se acatan” si bien adelantó que apelará. “Creemos que el permiso de edificación debe ser invalidado, porque el terreno mide menos de lo que se señaló, por lo tanto, se pueden construir menos m2. La inmobiliaria debería presentar un nuevo proyecto”, indicó.
De igual modo, el abogado de los vecinos que rechazan la iniciativa, Alberto Dalgalarrando, defendió el actuar del municipio.
“La resolución del alcalde que paralizó la obra es totalmente legal y justificada. Fue decretada en base a una investigación acuciosa realizada por la Seremi de Vivienda, que instruyó invalidar los permisos porque estaban mal otorgados”, concretó.
Con todo, el municipio cuenta con cinco días para responder a la orden de no innovar, por lo que se espera que la audiencia del caso se realice a fines de enero. Asimismo, se prevé que la contienda llegue hasta la Corte Suprema.