REFORMAS E INCONVENIENTE PRESIÓN LEGISLATIVA
Se hace un daño cuando el gobierno, al final de su periodo y derrotado políticamente, insiste en seguir aprobando reformas que estima emblemáticas.
Se ha ironizado, y al parecer con razón, que el gobierno ha caído en una suerte de “frenesí legislativo”, justo en la última etapa de su mandato y aprovechando el tiempo que resta en la legislatura de enero, antes del receso de febrero. Para estos efectos, en solo un día el Ejecutivo ingresó casi una treintena de urgencias, varias de las cuales recaen en proyectos especialmente complejos, como aquel sobre universidades del Estado -que ha sido objeto de fundados y numerosos cuestionamientos-, o el de conductas terroristas; pronto se debería enviar el proyecto de nueva Constitución -a lo que se añade el interés del gobierno por aprobar cuanto antes la modificación al capítulo XV y así continuar con el proceso constituyente-, y es también la intención despachar el proyecto sobre identidad de género, para lo cual el Ejecutivo había puesto inicialmente discusión inmediata, que ayer “moderó” a suma urgencia.
En paralelo, el presidente electo Sebastián Piñera y su equipo político han fijado sus propios criterios en relación con esta caótica agenda legislativa, planteando que los proyectos sobre nueva Constitución, la reforma previsional que impulsa el gobierno e identidad de género no serán respaldados, debido a los reparos que éstos despiertan. Se trata de una decisión legítima y que resulta orientadora en cuanto a dejar establecido desde ya los énfasis y prioridades que guiarán al nuevo gobierno, y que recibieron amplio respaldo por parte de la ciudadanía. A la luz de ello, es consistente que no se dé impulso a iniciativas que, o bien han perdido todo sustento político, como es el caso de una nueva Constitución, o que previsiblemente provocarán profundas distorsiones en el funcionamiento de la economía, tal como ocurre en la propuesta previsional. En cuanto al proyecto de identidad de género, parece prudente que la coalición no preste por ahora su concurso para acelerar la discusión de una iniciativa que requiere un debate amplio y en profundidad, algo sencillamente imposible que ocurra en las escasas semanas que restan de legislatura.
El pretexto del gobierno para justificar este vendaval legislativo es que se “gobierna hasta el último día”. Pero tal aserto no puede desentenderse de que el programa refundacional de la Nueva Mayoría fue derrotado, hay un nuevo Congreso elegido y la ciudadanía se manifestó por un cambio de rumbo. En ese contexto político, y restando pocas semanas para el término del gobierno, resulta delirante seguir intentando aprobar reformas “emblemáticas”, con el único afán de cumplir con un registro programático o una errada pretensión de insertarse en la historia.
Cabe lamentar que el presidente de la Cámara de Diputados -así como otros parlamentarios de la Nueva Mayoría- haya prestado su concurso para este frenesí, asegurando que si es necesario “no le temblará la mano” para convocar a sesiones los fines de semana. El Congreso debería defender sus fueros y no alentar prácticas que desprestigian su quehacer, en especial cuando varias de las leyes aprobadas han sido despachadas con inexcusables deficiencias técnicas, tal como ocurrió con la reforma tributaria.