Gobierno critica resolución y advierte retroceso en derechos de los consumidores
“El efecto de este fallo es potencialmente catastrófico”, señaló el director del Sernac, Ernesto Muñoz.
Como una pésima noticia fue recibido en el Gobierno la decisión del Tribunal Constitucional de anular las facultades normativas y sancionatorias que incluía el proyecto de ley que fortalecía al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
En este sentido, tanto el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, como el actual director del Sernac, Ernesto Muñóz, coincidieron en que el fallo no solo no permitirá incluir las facultades que se pretendía originalmente, sino que además implica un retroceso respecto a las actuales capacidades del organismo fiscalizador.
“El fallo ha resultado en algo incluso peor que antes, pues ha cortado las atribuciones sancionatorias, normativas y de conciliación que contemplaba para el Sernac, y que directamente beneficiaban a los consumidores en el evento que sus derechos hubieran sido afectados por los proveedores”, afirmó el titular de Economía.
Agregó que “el Sernac no sólo carecerá de las atribuciones que el Congreso mayoritariamente le fijó, sino que perderá una de las pocas útiles que tiene cual es la de recibir reclamos y poder buscar una mediación entre consumidores y proveedores. Con esto en vez de ayudar a consolidar la confianza en una economía social de mercado, la debilita”.
Más crítico aún fue Muñoz, quien subrayó que “el efecto de este fallo es potencialmente catastrófico y una pésima noticia ya que debilita de manera importante un proyecto cuyo principal objetivo era equilibrar la cancha entre empresas y consumidores”.
Según el director, “el efecto más grave de este fallo, es que además de las facultades nuevas, se pone en entredicho la actual atribución de recibir reclamos de los consumidores y transmitirlos a los proveedores para encontrar una solución voluntaria, función básica del Servicio hoy”.
En tanto, el segundo vicepresidente de Sofofa, Gonzalo Said, valoró el fallo del TC, destacando que “confirma los problemas estructurales que planteamos respecto del proyecto en cuanto a la inviabilidad de un servicio público que sea juez y parte”. ●