CENTRALES A CARBÓN
SEÑOR DIRECTOR
El país ha recibido como una gran y esperanzadora noticia el anuncio del gobierno y las generadoras de no construir más centrales termoeléctricas a carbón, y el cese programado de las existentes. Es un gran paso, al ser una de las principales exigencias de comunidades y organizaciones a la luz de los graves efectos en la salud de las personas y los ecosistemas originados por el uso de esta tecnología a nivel nacional, ya que a impactos globales como el cambio climático siempre hay que sumar los de tipo local.
Es de esperar que esta decisión se refrende con la incorporación de Chile a la “Alianza Global para eliminar el Carbón”, que más de 20 países constituyeran durante la COP 23 realizada a fines de noviembre en Bonn, Alemania. Y, también, que el objetivo de ir terminando con esta tecnología se cumpla en 2030 e incluso antes. La vida del planeta y en particular de miles de chilenos lo demandan.
Por ello es fundamental que en la mesa que se constituya para programar el cese de las unidades no solo participen empresas, técnicos y economistas. Gremios de la salud, comunidades y organizaciones tienen que ser incorporados a este relevante diálogo, por la multiplicidad de consideraciones que deben ser tomadas en cuenta.
Aunque desde algunos sectores se plantee que esta decisión es principalmente por motivos económicos, desde la sociedad civil existe claridad que aunque esa sea muchas veces la razón final, lograr que el mercado reaccione de esta manera es fruto de la movilización y convicción de millones de ciudadanos y ciudadanas a lo largo del país y el mundo que, efectivamente, queremos avanzar en sociedades más sustentables.
Sara Larraín
Directora Chile Sustentable
PROTECCIÓN A FISCALES
SEÑOR DIRECTOR
Quienes conformamos la Asociación de Fiscales de Chile requerimos que las autoridades encargadas de la seguridad pública se hagan cargo de la violencia que se ha empezado a ejercer contra los fiscales del Ministerio Público, con las graves consecuencias que ello implica para el Estado de Derecho y para la integridad física y psíquica de quienes desempeñamos el rol de persecutores penales.
A diferencia de otros estamentos, los fiscales del Ministerio Público no contamos ni con vehículos del Estado, ni con conductores, escoltas, ni guardias de seguridad (salvo extremas excepciones), lo que nos pone en una situación de alto riesgo. Un ejemplo es lo vivido por el fiscal de Puerto Montt, agredido por una turba, o por el persecutor cuyo domicilio fue objeto de un atentado incendiario, solo por nombrar dos entre cientos de casos de violencia ejercida contra fiscales. Y sin contar las amenazas de las cuales a diario somos víctima.
La situación de violencia que vivimos en el ejercicio de nuestros cargos es el germen de un proceso de decadencia institucional que nos negamos aceptar, razón por la cual hoy, como ciudadanos, exigimos a las autoridades competentes que adopten medidas eficientes para impedir casos como los sucedidos.
Trinidad Steinert Herrera
Presidenta Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público
ENTREVISTA A GERARDO VARELA
SEÑOR DIRECTOR
El futuro ministro de Educación, Gerardo Varela, declaró el martes en entrevista a su diario que desea “trabajar en conjunto con los profesores” para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la sala de clases. Así espera lograr “una diferencia enorme en materia de calidad educacional”, tal como ha ocurrido en escuelas de Singapur, Taiwán, Shanghái o Finlandia. También las escuelas rurales de Colombia han logrado un gran avance, con el modelo Escuela Nueva, al emplear materiales cuidadosamente evaluados para que los maestros lideren un activo aprendizaje en grupo.
Este modelo se ha replicado con éxito en otros países en desarrollo, por lo que en 2009 recibió el premio del World Innovation Summit for Education (WISE). Han postulado al premio WISE más de 2.850 proyectos educativos que se han aplicado en unos 150 países y han sido evaluados por un destacado jurado internacional. El año pasado lo obtuvo el proyecto Geekie, que habría mejorado masivamente la calidad de la educación de Brasil, mediante una plataforma de aprendizaje que ofrece instrucción remedial a distancia. Geekie administra pruebas en lenguaje y matemáticas que detectan problemas de aprendizaje de los estudiantes. Eso le permitiría ofrecer un plan de estudio a cada alumno en vez de una solución estandarizada. Al otorgarle el premio se señaló que el programa habría ayudado a más de cinco millones de estudiantes en más de 20.000 escuelas que mejoraron sus puntajes en pruebas nacionales de Brasil.
Sería conveniente que en el trabajo conjunto que realizará el futuro ministro se incluya un examen cuidadoso de las dos experiencias exitosas realizadas en Colombia y Brasil.
Ernesto Schiefelbein
Investigador Universidad Autónoma y Premio Nacional de Educación
INMOBILIARIA POPULAR
SEÑOR DIRECTOR
La “inmobiliaria popular” en Recoleta evidencia la falta de viviendas para arriendo en anuncio de obras municipales de Santiago a 2020. Pero se omiten las a ubicarse en barrio Matta (Copiapó con Cuevas). El terreno fue adquirido para 90 viviendas por $ 1.570 millones (58.530 UF) por el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE–Subdere con apoyo BID). O sea, cada vivienda contará con 650 UF solo para pagar suelo. El alcalde Alessandri las consideraría en propiedad con subsidios habitacionales Minvu, obteniendo 1.170 UF adicionales por vivienda. Si se considera concretarlas con otro aporte PRBIPE, cada vivienda obtendría subsidios acumulados por 2.000 UF. Casi el doble de un subsidio habitacional.
Para Razmilic (CEP, 2015), entregar vivienda subsidiada central en propiedad es un error al no garantizarse su permanencia en el tiempo como “social” por la tentación de venderla, dada su plusvalía. Además, la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030, la Política Nacional de Desarrollo Urbano (Minvu, 2014), las propuestas para Política de Suelo (CNDU, 2015) y el Pladeco de Santiago (2014) coinciden en profundizar el arriendo subsidiado para lograr el acceso a viviendas bien ubicadas.
Así, es cuestionable destinar los escasos recursos públicos a viviendas en propiedad que no perdurarán. No solo las políticas municipales necesitan revisarse: ¿por qué Subdere y Minvu no condicionan sus recursos a viviendas más justas en arriendo? Esto ayudaría a revertir la segregación urbana. Recoleta ya lo está haciendo con muchos menos recursos.