La reforma de Camila Vallejo y Giorgio Jackson
Vallejo y Jackson tienen mucho en común: son de izquierda; tuvieron puntajes discretos en la PSU; a juzgar por lo que hablan, llevaron a Atria en su mochila; se desempeñaron como dirigentes universitarios; presidieron federaciones estudiantiles; encabezaron las movilizaciones de 2011; resultaron elegidos diputados en los mismos períodos; y fueron impulsores de la reforma a la educación superior.
Ambos son, aquí, responsables. Responsables de no atender a las advertencias de Johann Gottlieb Fichte y Wilhelm von Humboldt sobre el riesgo de que el espíritu más ilustrado quede sometido al poder político –menos ilustrado–, cuando el gobierno interviene excesivamente en el control y financiamiento de las universidades.
“No deben entorpecer ustedes la investigación libre”, dijo Fichte a los príncipes alemanes. Sólo “están facultados para apoyarla”. Y Humboldt: “El Estado debe ser consciente de que es siempre un obstáculo cuando se entromete (...). Que, ya que debe haber en la sociedad medios para cualquier actividad extendida, el Estado tiene el deber de conseguir estos también para la elaboración del saber. Que la circunstancia misma de que estos medios exteriores estén dados para algo completamente extraño opera siempre y necesariamente de un modo perjudicial, haciendo des- cender lo espiritual y elevado hasta lo inferior y material”.
Desatendiendo estas advertencias (que quizás no leyeron), Jackson y Vallejo –y otros como ellos– impulsaron una reforma articulada en las mazmorras de un ministerio bandeado entre la frivolidad y la incompetencia. Acaban determinando los destinos de los investigadores y docentes del país, al condicionar a las universidades, aumentando la intervención del Estado, más aún, del gobierno, en ellas.
La reforma aprobada ata de dos maneras relevantes a la universidad al poder político-partidista. Primero, acrecienta la intervención del gobierno en la designación de autoridades que controlarán y fiscalizarán el sistema de educación superior, partiendo por el subsecretario de Educación Superior, funcionario del partido del gobierno respectivo, y siguiendo por el superintendente. Segundo, establece la fijación de aranceles y vacantes a las instituciones por parte de la Subsecretaría (con alguna limitación relevante, en el caso de los aranceles). Más aún, toda vez que los fondos que se están otorgando son (salvo para las universidades del Estado, con las cuales se repara –justamente– una deuda) claramente insuficientes.
El país debe dar el paso a una educación superior no sólo inclusiva, sino de mayor calidad. En un instante el que se requiere, en consecuencia, allegar más recursos, condicionar la mayor parte de éstos a rentas generales de la nación pone un obstáculo adicional a las instituciones. No se entendió, por el gobierno y el Congreso, la sencilla regla de que dos –o sea, los privados sumados al Estado– son más que uno, es decir, el solo Estado.
En lo sucesivo, las universidades contarán con menos recursos, y la libertad de pensamiento allí corre el riesgo de verse sujeta a la lógica político-partidista, que dispondrá, desde ahora, del control de los resortes económicos y jurídicos sobre los cuales se sostienen las instituciones y, en definitiva, el pensamiento.
¿En qué momento caímos en las manos de gente tan partisana o inadvertida? ¿En qué momento se perdió de vista que las condiciones de producción y reproducción del saber han de ser independientes del gobierno de turno y, además, suficientes?
Probablemente, en el preciso instante en el cual los políticos se dejaron llevar por la ignorancia de mentes entusiastas como las de Jackson y Vallejo, y obviaron las sensatas voces más experimentadas que repararon en los efectos de la reforma. Ocurre aquí que muchos hablaron y no se los escuchó. Tampoco se atendió a las advertencias de Fichte y von Humboldt. Si en otros temas tiene sentido decir “europeos, llévense su decadencia”, en el caso de la universidad – engendro europeo–, frases como esa pierden casi todo su sentido.