¿Conflicto institucional?
SI BIEN EL MINISTERIO PÚBLICO HA ACTUADO CORRECTAMENTE EN EL CASO DE LA OPERACIÓN HURACÁN, SU FALTA DE APOYOS REFLEJA LO RÁPIDO QUE HA DILAPIDADO LA CONFIANZA PÚBLICA.
Sostener que se habría generado un conflicto institucional con la denuncia que hizo el Ministerio Público de que Carabineros habría amañado las pruebas del caso Huracán, significa no entender cómo funciona el Estado y su sistema de persecución penal. Para que exista un conflicto institucional es necesario que dos organismos se disputen determinada competencia. Cuando los fiscales denunciaron a Carabineros, en ningún momento estaban diciendo que ellos no podían investigar esos delitos, lo que dijeron es algo muy distinto: que en este caso algunos policías habrían adulterado la prueba, cometiendo delitos. Eso es precisamente lo que le corresponde a los fiscales, denunciar delitos y a nadie se le ocurre que por hacerlo se generen conflictos institucionales, aunque los denunciados pertenezcan a otra entidad del Estado. Si no, habría que sostener que cada vez que se denuncian casos de corrupción se generarían conflictos institucionales con el organismo al que pertenece el denunciado. Un absurdo.
Es más, de acuerdo a nuestro sistema penal es precisamente al Ministerio Público al que le corresponde dirigir las investigaciones penales y, en virtud de ello, evaluar la calidad, la pertinencia y, sobre todo, la legalidad de la prueba que le aporta la policía. De nuevo, eso es precisamente lo que han hecho los fiscales.
El conflicto institucional recién se genera cuando Carabineros y luego el gobierno cuestionan las competencias del Ministerio Público para hacer uso de sus facultades. ¿Qué hace Carabineros en ese momento? Emite una declaración, a través del general a cargo de inteligencia, en que dice que todo se ha hecho conforme a derecho y le pide a los tribunales que rechacen la petición de no perseverar, ambas cuestiones que le competen al Ministerio Público calificar y no a ellos. No contentos con lo anterior, se oponen a la incautación ordenada por los tribunales. ¿Qué hace por su parte el gobierno? Asume un supuesto rol de árbitro, colocando en pie de igualdad a ambas instituciones. En vez de reconocer que es al Ministerio Público al que le compete dirigir a las policías para estos efectos, pone en duda sus conclusiones y le encarga al propio Carabineros investigar la situación (cuyos resultados podemos anticipar dadas las declaraciones antes citadas). Como si fuera poco, decide oponerse a la decisión de no perseverar anunciada por los fiscales y solicitar nuevos peritajes, cuestionando los ya encargados por el Ministerio Público.
En fin, una crisis que podría haber sido tomada como una buena oportunidad para iniciar las reformas que tanto requiere nuestra policía, ha dado paso a otra manifestación más del escaso interés o capacidad del gobierno para controlarla. Y si bien el Ministerio Público ha actuado correctamente en esta oportunidad, enfrentando esta situación compleja y no ocultándola, la falta de apoyos que hoy experimenta da cuenta de lo rápido que ha dilapidado la confianza pública. Pareciera que recién ahora se dan cuenta de la importancia de contar con ella.