FUERTE RETROCESO DE CHILE EN LIBERTAD ECONÓMICA
Es indispensable que el país evalúe en profundidad qué cambios efectuados en el ordenamiento jurídico y económico han provocado este negativo efecto.
Luego de la polémica que levantó Paul Romer para explicar la caída de Chile en el prestigioso ranking doing business del Banco Mundial, aduciendo en un inicio motivaciones políticas y que luego tuvo que ser desmentida por la entidad, han aparecido nuevos indicadores que permiten ponderar la situación de nuestro país en el contexto internacional.
Recientemente la fundación Heritage publicó la última edición de su ranking de Libertad Económica y las noticias para Chile no fueron auspiciosas. El país retrocedió 10 puestos, saliendo del top 10 y quedando en la posición 20. En todo caso, la economía chilena sigue liderando América Latina, por encima de Uruguay (posición 38) y Colombia (lugar 42).
Chile alcanzó su mejor resultado en el indicador el año 2013, con una puntuación de 79 (versus los 75,2 de la última versión 2018) y logrando el séptimo puesto a nivel internacional. Cabe destacar que desde ese máximo hace cinco años, la economía chilena ha venido retrocediendo en su puntuación progresivamente y en 2018 cayó a un nivel similar al registrado por nuestro país en 2001.
Hay tres indicadores que se desplomaron en los últimos cinco años. El subíndice “derechos de propiedad” fue el que mayor retroceso registró en el periodo, caída que comenzó en 2016. Por su parte, el área denominada libertad laboral no solo se inscribe como una de las mayores caídas en el último quinquenio, sino además es el indicador que registra la menor puntuación para nuestra economía, ubicándonos en el lugar 83, por debajo de Colombia, Uruguay y Perú. Los negativos efectos de la reforma laboral que impulsó la administración saliente motivaron a Heritage a alertar a nuestro país en el informe del año pasado, donde advertía que “se han centrado en aumentar el salario mínimo y fortalecer la negociación sindical”. La trilogía de indicadores con mayores caídas la completa el área “integridad gubernamental” –en la que retrocedimos del puesto 22 al lugar 30-, la cua fue arrastrada por los casos de financiamiento irregular de la política y la percepción de mayor corrupción en las autoridades de gobierno.
Este monumental retroceso en el indicador de Libertad Económica –que se suma a la caída de Chile en el de competitividad del Institute for Management Development (IMD) y la pérdida de la nota crediticia de algunas agencias- más que llevarnos a cuestionar las metodologías utilizadas, debe motivarnos a evaluar qué cambios efectuados en nuestro ordenamiento jurídico y económico han tenido efectos negativos. Todos los estudios internacionales coinciden en apuntar a las mismas variables críticas: un sistema tributario engorroso y de escasos estímulos a la inversión, un esquema laboral que exacerba el poder sindical y ahoga a las empresas de menor tamaño, un presupuesto público creciente y deficitario, derechos de propiedad que, por los efectos de decisiones judiciales cuestionables, se van haciendo cada vez más difusos, y mayores niveles de corrupción.
Es urgente, entonces, retomar una agenda de políticas públicas que vuelva a poner al país en el camino al desarrollo y nuevamente ubicar a Chile entre los países más competitivos y abiertos del mundo.