Educación superior: asignaturas pendientes
Recientemente se aprobaron –obviamente al vapor- las leyes de educación superior y universidades estatales. Uno de sus mayores avances fue reformar el deficiente y laxo sistema de acreditación de instituciones y carreras, y crear la Superintendencia para evitar que muchos recursos públicos y privados terminen en las manos que no corresponden, tema en que tenemos una añeja y triste tradición. Con todo, le quedan al próximo gobierno muchos desafíos complejos y caros, no necesariamente asociados a la ampliación de la gratuidad.
En primer lugar, darle de una vez por todas a la educación técnico profesional el lugar que merece y que el país necesita. No hay mucho que pensar ni diseñar, puesto que recientemente se publicó una muy completa Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional a nivel escolar y superior, elaborada en conjunto con los institutos, centros y cámaras empresariales. El asunto es que cuesta dinero: por ejemplo, tan solo el 15% de los recursos que el Estado entregó en 2016 a la educación superior se fueron a institutos y centros, que tienen el 43% de la matrícula. El impacto neto de la gratuidad 2017 fue aumentar la matrícula universitaria y disminuir la técnica, en la dirección exactamente opuesta a lo necesario. La “universititis” (de dudosa calidad) sigue prosperando gracias a la gratuidad, muchas veces en carreras sobresaturadas y/o poco pertinentes.
En segundo lugar, la forma de dar la gratuidad vía aranceles necesariamente regulados en miles de carreras diferentes, va a generar un largo período de incertidumbres financieras y desajustes, con muchas quejas, apelaciones, instituciones retirándose de la gratuidad, etc.
Es un buen avance que la ley haya previsto un sólido y autónomo consejo público-privado para fijar las reglas financieras del sistema. Este consejo impactará directa o indirectamente a cerca de US$ 5 mil millones anuales de gasto, por lo que sus integrantes debieran ser impecables, de larga duración y posiblemente de tiempo completo, con un sólido staff a su cargo.
En tercer lugar, la gratuidad se dio a costa de o en lugar de fondos basales y/o concursables, lo cual está deteriorando no solo la calidad de la docencia universitaria, sino también de la investigación y extensión. Debiera definirse por ley cuál es el “estatuto de las instituciones de educación superior de interés público”, sean éstas estatales o privadas, universitarias o técnicas, y darles acceso a estos fondos, que debieran tener un monto no muy diferente al de la gratuidad. Mucho dinero.
Para no atosigar, un cuarto y último punto por ahora. Si la nueva acreditación de universidades e institutos se hace ojalá muy rigurosamente, y con los recursos necesarios, es probable que muchas instituciones y/o carreras desaparezcan. Por sentido común sobra cerca de la mitad. La gestión de esa transición por muchos años, especialmente con los alumnos damnificados, será un enorme desafío de gestión y un inevitable dolor de cabeza.