MAX COLODRO Y PABLO ORTÚZAR
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Terminada la dictadura se requirieron muchos años para recomponer un sistema de genuina subordinación de las FF.AA. al poder civil. No fue hasta 2005, cuando se aprobaron las reformas constitucionales impulsadas por el expresidente Lagos, que la sociedad pudo eliminar el poder de veto que los institutos armados ejercían a través del Consejo de Seguridad Nacional y la inamovilidad de los comandantes en jefe. Hoy, sin embargo, parece que se busca reponer el principio de que los comandantes en jefe son “inamovibles” salvo que directamente los afecte una sanción judicial; en rigor, es lo que está ocurriendo con el General Director de Carabineros Bruno Villalobos, quien hasta ahora ha contado con el aval del gobierno para eludir sus responsabilidades frente a los gravísimos hechos vividos por su institución. En primer lugar, una interminable red de corrupción y malversación de fondos públicos, que suma decenas de presuntos implicados y cuyo monto estimado se acerca a los $ 30 mil millones. A ello se agregó la denuncia efectuada por la Fiscalía Regional de Temuco respecto a que la policía uniformada habría alterado deliberadamente un conjunto de medios de prueba, con la intención de imputar actos de violencia a comuneros mapuches. La decisión del Villalobos de permanecer en su cargo implica que no reconoce motivos para asumir una responsabilidad política o de mando por lo que ocurre en sus filas. Dicha posición es refrendada por la Presidenta de la República, dando sustento a este nuevo “principio de inamovilidad”, fundado en la idea de que la responsabilidad política y de mando solo estaría condicionada por la “verdad judicial”.
Tras conocerse los primeros antecedentes de la “Operación Huracán”, las situaciones insólitas no se han detenido: Carabineros se resistió en primera instancia a un allanamiento ordenado por la fiscalía, circunstancia que de facto puso a la policía uniformada al margen de la legalidad; decisión que un organismo jerarquizado no pudo tomar sin el pleno consentimiento de su máxima autoridad. Después, en medio de la crisis, el general Villalobos decide ir de vacaciones sin informar a su superior es decir, al gobierno-, ya que de otro modo resultaría inexplicable que el ministro del Interior lo conminara a retornar de inmediato. Por último, de vuelta Villalobos en Chile, el propio ministro Fernández le ordena efectuar una investigación interna de los hechos denunciados, cuestión insólita ya que según nuestro ordenamiento jurídico solo el Ministerio Público puede investigar presuntos ilícitos. Así, con sus acciones el gobierno no solo ha terminado por debilitar el principio de la responsabilidad política de los comandantes en jefe, sino que impartió además una instrucción que contraviene el orden jurídico y que traspasa a Carabineros una atribución que la legalidad no le concede: la de ser juez y parte frente a eventuales ilegalidades cometidas por su personal.
En resumen, el precedente sentado por la autoridad ha sido singularmente negativo, un claro retroceso en términos de institucionalidad democrática y un daño al principio de la responsabilidad política y del mando en los institutos armados. Las razones del gobierno para este proceder se desconocen, pero no deja de ser una triste ironía que la administración más marcadamente de izquierda desde el retorno a la democracia sea hoy la que consagra una nueva forma de autonomía e inamovilidad de los comandantes en jefe. Aromas de un enclave autoritario contra el cual se luchó por tanto tiempo.
El precedente sentado por la autoridad ha sido singularmente negativo, un claro retroceso.