CDE: “SQM financió a toda la clase política de este país”
Consejo de Defensa del Estado acudió ayer ante el tribunal de alzada para revertir la salida alternativa acordada entre la fiscalía y la minera.
Ayer, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) entregó sus argumentos ante la séptima Sala de la Corte de Apelaciones para oponerse a la decisión del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que el 26 de enero aprobó la suspensión condicional del procedimiento de la empresa SQM, acogiendo, de esa manera, el acuerdo al que llegó la minera no metálica con la fiscalía, que contempla el desembolso de $ 2.550 millones por parte de SQM y la exime de una condena en su calidad de persona jurídica por los delitos de cohecho que se le imputaron durante la indagatoria.
Ese acuerdo fue parte de los cuestionamientos que realizaron Carlos Gajardo y Pablo Norambuena cuando renunciaron al Ministerio Público tras la salida alternativa que el fiscal Manuel Guerra le concedió al senador Iván Moreira (UDI) en el marco del caso Penta.
En este contexto, en la audiencia de ayer el organismo volvió a enfrentarse al fiscal Pablo Gómez. La abogada Lupi Aguirre, del CDE, basó su alegato principalmente en dos instructivos internos del propio Ministerio Público, en los que se fijan criterios en orden a otorgar salidas alternativas a imputados por casos de corrupción.
En ese sentido, la jurista destacó que se señala en el instructivo N° 59 que “en consideración a lo delicado que resulta el bien jurídico protegido en estos delitos y las repercusiones de este tipo de decisiones en la relación con los fines preventivos de la pena, se instruye en orden a aplicar esta facultad de forma excepcional, limitada y prudente, teniendo especialmente en cuenta la dificultad de controlar el cumplimiento de las condiciones de la suspensión y la señal que podría implicar para la ciudadanía una salida de este tipo de casos”, lo que a juicio de Aguirre no se estaría cumpliendo.
Además, la abogada enfatizó en que por la gravedad de los delitos imputados y por la notoriedad pública que cobró el caso luego que se formalizara al ex ministro Pablo Longueira en la causa, no podía ser considerado como un caso “común y corriente”.
“Este es un delito que afecta las bases de la institucionalidad y pone en riesgo la confianza de los ciudadanos respecto de la forma en la que se hace justicia. Por eso es que estimamos que tenemos que ir a juicio, aunque perdamos”, sostuvo Aguirre.
Por otro lado, advirtió a la Corte que “al momento de tomar una decisión como esta, no podemos olvidar que SQM financió a toda la clase política de este país y cometió un sinnúmero de delitos tributarios para ese efecto”.
En otros pasajes de su alocución, la representante del CDE cuestionó que las condiciones a las que se allanó la fiscalía para otorgar la salida alternativa a SQM fuesen significativas y, por tanto, no configuraría un argumento jurídico válido para mantener la suspensión. “¿Es mucho dinero para una empresa como SQM?”, se preguntó la abogada, recordando que la minera pagó 35 millones de dólares en Estados Unidos como multa por concepto de delitos tributarios. “Esto no representa para SQM absolutamente nada. Lo que representa esto para SQM es la reafirmación, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, de que si SQM necesita ventajas, paga; si SQM tiene problemas judiciales, paga”, agregó.
El fiscal Gómez rebatió los argumentos del CDE y reiteró su defensa del acuerdo con SQM. “La suspensión condicional no es impunidad, es una salida que está en la ley, que es el margen o el marco legal que nos hemos dado como país. La suspensión condicional significa que, tras la formalización, tras la imputación de cargos, se ofrece la posibilidad de que, con ciertas condiciones, la causa quede suspendida por un determinado período de tiempo. Las condiciones no son menores: son mucho más de lo que se podría obtener en el caso de un juicio, y es dentro de lo que la ley establece”, dijo Gómez.
En tanto, el abogado de la minera no metálica, Hugo Rivera, acusó una contradicción del CDE, aludiendo a que el organismo -en paraleloavaló el acuerdo al que llegó SQM con Corfo relativo a la explotación del litio. “Yo no puedo estar en los tribunales del crimen o en sede penal sosteniendo que una persona debe ser condenada -aun cuando tengo dudas-, y por el otro lado estar diciendo que celebremos un contrato y obtengo suculentas ganancias”, sostuvo.
Tras los alegatos, el tribunal de alzada dará a conocer hoy a las 13.00 su decisión.