Inversión rechazada en el SEA bate todos los récords en 2017
Desde el inicio del sistema, la inversión rechazada suma US$ 24.302 millones. Del total, a US$ 12.601 millones se les negó el permiso ambiental el año pasado.
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El rechazo al proyecto minero Dominga, por US$ 2.500 millones, no fue un hecho puntual. En 2017, 37 iniciativas, que en su conjunto representaban US$ 12.601 millones de inversión , corrieron la misma suerte en su proceso de tramitación ambiental.
Así se desprende de las cifras del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que muestran que toda la inversión rechazada durante el año pasado representó el 52% de los US$ 24.302 millones que han obtenido una negativa de la autoridad desde que comenzó el sistema de evaluación, es decir, desde 1992.
Entre los proyectos rechazados más importantes, en términos de inversión, durante 2017 están, además de Dominga, las centrales eléctricas Fotoelectricidad el Loa, Trébol Solar Copiapó y Parque eólico Lebu Etapa III. El primero de ellos costaría US$ 6.500 millones, lo que explica por sí solo casi la mitad del monto total.
Desde el SEA explicaron que, si bien la cifra parece excesivamente alta, eso se debe a que algunas iniciativas consideraban una cifra de inversión muy alta. Al mismo tiempo, valoraron que en igual período se visó una inversión por US$ 23 mil millones, cifra igualmente récord.
“La cifra puede verse alta, aunque se pueden hacer algunas precisiones, como que paralelamente en el mismo período se da la cifra más alta de inversión aprobada, o que el monto indicado se ve distorsionado por algunos pocos proyectos que representan la mitad o más de este. Hay que señalar que el SEA no es instrumento de gestión ambiental diseñado para rechazar proyectos; por el contrario, está diseñado para mejorar los proyectos incorporando la variable ambiental a los mismos”, señaló el director (s) del SEA, Hernán Joglar.
Las cifras también mostraron que, a nivel histórico, los sectores pesca y acuicultura, saneamiento ambiental e inmobiliario fueron los rubros con más inversión rehusada en término de número de proyectos. Pero en 2017 esto varió, siendo energía el sector más perjudicado, aunque se repitieron pesca y acuicultura y saneamiento ambiental.
El proyecto emblemático al que se le negó el permiso ambiental fue Dominga cuyo titular, Andes Iron, planeaba desembolsar US$ 2.500 millones en su concreción. No obstante, en los últimos días se abrió una posibilidad de que esta iniciativa se materialice, luego que el Primer Tribunal Ambiental, que está viendo el caso, se abriera a la posibilidad de una conciliación, para lo cual se programó una reunión que se realizará el 14 de marzo.
Preocupación
Fuentes ligadas a la evaluación de proyectos en trámite ambiental señalaron que los montos rechazados son preocupantes y criticaron que las negativas a ciertos proyectos responden, en la mayoría de los casos, a temas de gestión y no a problemas propios de las iniciativas en evaluación.
En ese sentido, apuntaron a que hay un “desprecio por la inversión” y que estas cifras de rechazo no cambiarán en la medida que no haya voluntad de hacerlo.
“Es relevante y preocupante. Hay que ver qué significa exactamente o cuál es el análisis que se debería hacer frente a los montos de inversión rechazados en el sistema. Caben dos posibilidades: una, que los proyectos estén peor preparados para entrar al sistema o, dos, que de alguna manera la autoridad está subiendo el estándar o incluyendo estándares que no son propiamente técnicos, sino más bien políticos”, señaló el ex director del SEA, Ricardo Irarrázabal.
En ese sentido, indicó que “hay dos casos bien gráficos de decisiones administrativas en que la motivación y el fundamento es político (...). Uno, es el caso de Dominga, en lo que fue la decisión de la Comisión de Evaluación, en que tanto la motivación
de los seremi como del intendente no fue técnica. El otro caso, también es el de las tronaduras de Mina Invierno, en que a partir de las declaraciones del intendente y de los seremi, se desprende que la evaluación no fue técnica, sino que política”, aseveró.
Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad Católica, Edesio Carrasco, indicó que estas cifras muestran que el SEA requiere, principalmente, ajustes en su gestión, “sin perjuicio de algunos cambios normativos menores que llevan tiempo en su discusión”.
En esa línea, Joglar señaló que “aspectos tales como la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que generan cargas ambientales, se introdujeron como un elemento que permitiría una mayor justicia ambiental.
“No obstante, debido a su novedad, la falta de desarrollo de algunos conceptos como el de carga ambiental han generado muchísimas expectativas, en circunstancias que existen limitaciones normativas que son ineludibles. Esa falta de desarrollo y claridad ha generado nuevas fuentes de conflictividad, que claramente deben ser corregidas, sin limitar la participación ciudadana”, apuntó.
Asimismo, añadió que con la creación de los Tribunales Ambientales, “ha quedado en evidencia algunas deficiencias del sistema recursivo administrativo ambiental, en donde observamos un retroceso del recurso de protección y un avance de las solicitudes de invalidación, que claramente introducen incertidumbre, en donde tanto la jurisprudencia como la doctrina de destacados jurisconsultos han hecho presente tales problemas y la necesidad de definir un mejor sistema de recursos y acciones, con plazos claros y una correcta relación entre ellos”.
Por su lado, Irarrázabal, añadió frente a esta discusión que el programa de gobierno del Presidente electo, Sebastián Piñera, uno de los temas relevantes será solicitar una evaluación internacional al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el fin de poder compararnos con países como Estados Unidos y otros europeos.