Juez indaga adopción de 525 niños chilenos en el extranjero en los años 70 y 80

Mario Carroza detectó una red de adopciones de hijos de mujeres en situación de vulnerabilidad. El juez investiga si en algunos casos hubo sustracción de menores.

Un peritaje encargado por Mario Carroza a un conjunto de documentos incautados a una asistente social develó una red de adopciones de niños cuyas madres estaban en situación de vulnerabilidad. El reporte detalla destinos -la gran mayoría llegó a Estados Unidos-, pagos por esas adopciones y enumera diversas irregularidades. Carroza investiga si en algunos casos hubo sustracción de menores.

“Querida Telma. Tengo algunos antecedentes del caso. La verdad es que el teléfono parece intervenido, por lo que no me atrevo a hablar mucho y ojalá tú me envíes unas letritas también, porque me preocupa, en especial no quisiera dar ninguna seña de la niña, ni hora de viaje, ni medio por fono, no sea que la intercepten como a Ruth. Bueno, hace mucho que ella deseaba entregar la niña y venía cuando yo no estaba, por lo que yo creí que se había desistido. Es una niña”. Esta es una carta enviada en 1983 a Telma Uribe (96 años), en la que una de las colaboradoras de esta asistente social le relataba las dificultades para sacar a una menor del país hacia Estados Unidos. Actualmente, no hay registro de la menor en Chile. Ni su nombre, ni quiénes son sus padres biológicos.

Este documento estaba en un kárdex en el domicilio de Uribe. Pero no era el único: esta mujer, que durante las décadas del 70 y 80 tuvo una activa vinculación con diversos organismos internacionales que facilitaban adopciones a familias extranjeras, guardaba un extenso archivo con el pasado de 579 niños chilenos dados en adopción entre 1950 y 2001. De esos, 525 los acogieron familias extranjeras, la mayoría de EE.UU., donde llegaron 432. Perú fue el segundo destino, con 27 casos (ver infografía).

Esa carta, más 351 carpetas,

ocho cuadernos de campo, cuatro archivadores y cinco agendas fueron encontrados e incautados por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI a Telma Uribe el año pasado. ¿La razón?: su rol es clave para la indagatoria por presuntas adopciones irregulares de menores que lleva adelante el ministro en visita Mario Carroza. El magistrado tiene un margen de acción circunscrito que va desde 1973 hasta 1990, por lo que del total de menores, 488 están dentro de ese período (ver entrevista pág. 4). Uribe fue interrogada en 2017 y está en calidad de inculpada.

A mediados del año pasado se conoció el caso de una joven chilena, adoptada, de 22 años, llamada Marianne Skoglum, quien encontró en Chile a su madre biológica, quien acusó que la recién nacida le fue arrebatada por un matrimonio en presencia de una asistente social. Nunca volvió a verla hasta ahora. Una organización denominada Hijos y Madres del Silencio busca reconstruir estas historias y conectar a hijos con sus familias biológicas.

El proceso, que Carroza comenzó con un número limitado de querellas que denunciaban la sustracción de hijos, se amplió a cerca de 500 casos a raíz de un informe elaborado por María Cecilia Erazo, quien es una asistente social y abogada de la UC que ejerce funciones de perito judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. Erazo analizó el kárdex de Telma Uribe.

En su informe, la abogada

explica que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular estas adopciones a países extranjeros. El sistema que se ocupaba consistía en acreditar judicialmente que un niño se encontraba en situación de abandono por sus padres y que los solicitantes tenían las condiciones para el cuidado y protección del menor. “Al ser realizado en forma voluntaria, no existió mayor cuestionamiento por parte de tribunales respecto de la temática”, señala el documento, al que accedió La Tercera.

Posteriormente, la persona que tenía contacto con matrimonios extranjeros pedía la tuición judicial del niño, lo sacaba de Chile y éste era adoptado en el extranjero. “En algunos casos (Uribe) sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro”, dice el reporte.

El análisis añade que “de los registros revisados es posible señalar que la Sra. Uribe participaba en la tramitación legal del procedimiento de legitimación adoptiva o tuición con autorización de salida del país (entendida como adopción internacional). No consta su participación en inscripción directa en nuestro país”.

De los 525 niños que fueron adoptados en el exterior, la indagación constató la existencia de 494 informes, 94% del total, destinados a obtener ju-

dicialmente la “tuición y autorización de salida del país”.

Rondando a la madre

Para poder realizar más de 500 adopciones, Telma Uribe tuvo una serie de colaboradores, entre los cuales se cuentan dos médicos, una abogada, una traductora, una secretaria y dos asistentes sociales, las que también realizaban gestiones de este tipo por cuenta propia.

“Además de los contactos que mantenía con consultorios, maternidades, hogares de niños, de mujeres, abogados y otros profesionales, también realizaba ‘promoción’ de sus servicios a madres en conflictos con su maternidad a través de la Radio Colo Colo. Es así como recibía solicitudes de madres para hacerse cargo de sus hijos directamente o derivados de instituciones o personas, quienes recibían un pago por estos servicios”, señala el informe. Esa función, explican, la realizaban “captadoras”, las que son identificadas en el documento.

En los cuadernos incautados hay apuntes que dan cuenta de que las madres que entregaban a sus hijos pasaban por graves problemas económicos. Se relata que hay casos de varios lactantes que habían estado internados en Conin (Corporación para la Nutrición Infantil) con el fin de superar su estado de desnutrición severo; hijos de asesoras del hogar que estaban a cargo de cuidadoras particulares y que las madres sólo los podían visitar el domingo, o un “número importante” de patronas que contactaban a Uribe para hacerse cargo de los hijos de sus trabajadoras de casa particular.

El incentivo económico para la madre era clave. “En la gran mayoría de los casos revisados existe efectivamente aporte económico por diversos conceptos”, dice el peritaje. Esto son: sustitución de un mes de sueldo, compra de útiles personales, curación de heridas de cesáreas, movilización más un mes de sueldo, ayuda en dinero, pensión completa antes y después del parto (para ella y sus hijos mayores que vivían a su cargo), cancelación de deudas de servicios básicos, compra de cama y el pago del 50% del valor de la clínica.

De acuerdo a los casos analizados, hubo 460 madres que entregaron un niño; 24, a dos menores; cuatro madres entregaron a tres hijos, y una, a cuatro. En cuanto a las familias, hubo 388 con una adopción, 88 con dos y cinco que recibieron tres menores.

Si bien era un desincentivo retractarse porque había que renunciar a esos incentivos económicos, los registros dan cuenta de casos en que madres se arrepintieron y sus hijos les fueron devueltos.

“Buenos niños”

“Sobre tu petición, estoy muy consciente de que debo cumplirla lo antes posible. Debo advertirte que las cosas se han puesto difíciles aquí. Hay mucha solicitud de extranjeros, circulando por distintas vías, lo que hace difícil ahora conseguir buenos niños (...)”, dice una de las cartas de Uribe a un matrimonio peruano. Según el peritaje, los “buenos niños” se refieren a “no sólo lactantes recién nacidos o de meses, sino especialmente a niños de piel clara, sin rasgos de ‘raza indígena’ (...). Respecto de aquellos que son derivados a Estados Unidos, algunos también solicitan condiciones similares”.

Si bien en las tramitaciones realizadas por Uribe a principio de los 70 ella presentaba al tribunal al matrimonio extranjero, en años posteriores los padres extranjeros le firmaban un poder en el consulado chileno en el país respectivo a una abogada que trabajaba con ella. “Cabe hacer presente que muchos de los niños presentados en la década del 70 no tenían filiación materna ni paterna determinada”, dice el informe. Por ello, los jueces pedían la comparecencia de la madre biológica, pero en más de una oportunidad aparecía un niño no reconocido legalmente por sus progenitores “con declaraciones juradas de quien dice serlo, sin acreditarlo realmente”. Además, dan cuenta de pagos a funcionarios judiciales por concepto de “copia de sentencias”. Sin embargo, el monto de estos eran muy superiores al costo real. Por ejemplo, en los registros incautados da cuenta que por esas copias se pagó $ 10 mil en 1984, lo que reajustado a julio de 2017 con el IPC, equivale a $ 120 mil.

Esos costos eran traspasados al matrimonio que quería adoptar. En uno de los casos eran US$ 1.500 por honorarios (abogado y asistente social) y US$ 400 para la madre que estaba bajo una “difícil situación económica y prefirió el dinero que el pago de la clínica privada”.

Las conclusiones

El informe, pedido por Carroza para determinar si la información incautada a Uribe se enmarca “en procesos de adopciones irregulares sustanciadas en la década de los años 70 y 80”, enumera varias irregularidades (ver recuadros) y entrega algunas conclusiones. Entre otras, dice que la falta de regulación permitió que “se generara una actividad económica asociada a la materia” y que en algunos casos es difícil diferenciar entre “el tráfico o venta de niños y un apoyo social y económico a una madre, la que efectivamente se encuentra viviendo en una situación de extrema pobreza”. La perito -que advierte que Telma Uribe “era una entre varias profesionales que trabajaban en el ámbito de adopción internacional”- llega a una conclusión que no es tajante: “Debido a la inscripción sin filiación de algunos niños, a la existencia de certificados de parto que fueron otorgados fraudulentamente, a la entrega de lactantes por mujeres que no acreditaron ser efectivamente sus madres, a la inscripción de menores con fechas de nacimiento distintas a las reales, entre otras irregularidades, no es posible dar cuenta directamente de una posible sustracción de menores, pero tampoco descartarla. Por lo anterior, se necesita hacer un cruce de información con la mayor cantidad de datos posibles para indagar a mujeres que hayan podido perder a sus hijos en estas condiciones”.