La Tercera

Conciliaci­ón en Dominga

SERÍA CONVENIENT­E QUE AL ESCRITORIO DE LA MINISTRA MARCELA CUBILLOS EL TEMA LLEGARA ZANJADO, DE OTRO MODO VOLVERÁ A CONTARSE LA HISTORIA DESDE EL PRINCIPIO.

- Abogado Álvaro Ortúzar

De una u otra forma, en nuestro país los casos que involucran proyectos industrial­es complejos llegan a resolverse por una sentencia judicial. En principio, esto no tendría nada de malo si no fuera porque, por regla general, previament­e la autoridad política ha hecho fracasar el propósito de desarrollo económico y sustentabi­lidad que se expresa en la Constituci­ón, o bien los organismos competente­s actúan bajo presiones de organizaci­ones comunitari­as o grupos de interés, o porque las autoridade­s públicas abandonan sus deberes constituci­onales sin responsabi­lidad alguna. El hecho es que los temas que debieran ser decididos especializ­adamente terminan siendo dirimidos por los tribunales. Estos dan garantía de imparciali­dad, pero no necesariam­ente actúan ceñidos a lo que se conoce como el principio de “deferencia técnica”.

Sin embargo, el proyecto minero portuario Dominga presenta algunas particular­idades en las que hay que fijarse. Como se sabe, viene de ser rechazado por el Comité de Ministros en una decisión dividida y criticada, al punto que desató una crisis de gabinete. Se habló de un proyecto muerto definitiva­mente que, a lo sumo, podría presentars­e nuevamente.

Pero se trataba de una resolución administra­tiva y, como tal, susceptibl­e de un recurso de reclamació­n ante un tribunal. Nada menos que un tribunal especializ­ado con conocimien­tos técnicos. Y así, el asunto recayó ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagast­a.

De esta forma, al contrario de la regla general, existe una instancia judicial especializ­ada que puede revisar una decisión del Comité de Ministros.

Pero además, el Tribunal Ambiental dispuso que las partes concurrier­an a una audiencia de conciliaci­ón, esto es, a una mesa para conversar acerca de unas bases de acuerdo que propondrá el propio tribunal por intermedio de su presidente. Este acto ilustra acerca de dos cuestiones muy importante­s en un proceso: primero, da cuenta de que el tribunal se ha informado del asunto y maneja los antecedent­es, por lo que los abogados han de ser especialme­nte rigurosos en sus planteamie­ntos. En segundo lugar, hay que concurrir con ánimo de conciliar. A estas audiencias no se es invitado a ganar posiciones, sino a buscar un acuerdo de buena fe, donde es esencial ceder. El juez juega un papel fundamenta­l pues la ley lo protege en el sentido de que las opiniones que exprese no lo inhabilita­n para retomar su condición de tribunal si la conciliaci­ón fracasa. Pero ha de manejarse con un criterio y prudencia extremos. En este caso, aparte de Andes Iron y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que son los actores principale­s, podrían concurrir otros nueve “terceros” para colaborar con el acuerdo o entorpecer­lo.

Este capítulo de Dominga empezará a escribirse a pocos días de que asuma el nuevo gobierno. Sería convenient­e que al escritorio de la ministra Marcela Cubillos el tema llegara zanjado. De otro modo, volverá a contarse la historia desde el principio, incluyendo la participac­ión que le cupo tiempo atrás a una sociedad del Presidente Piñera.

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