LA IMPARABLE DEUDA HOSPITALARIA
Junto a la conocida estrechez presupuestaria, también parece haber evidentes problemas de gestión, todo lo cual está derivando en una situación insostenible.
El tema de la abultada deuda que mantiene el sistema hospitalario de la red pública es de larga data, pero bajo el actual gobierno este indicador ha continuado aumentado, alcanzado en octubre pasado -de acuerdo con reportes del Ministerio de Salud entregados al Congreso- la inédita cifra de $ 349 mil millones, esto es, unos US$ 580 millones, equivalente al 5% de todo el presupuesto de salud para 2018. No parece razonable que una situación de esta naturaleza se siga arrastrando en el tiempo, donde ya no resulta posible distinguir hasta dónde se trata de problemas objetivos de mayor demanda por prestaciones salud, o de abiertas ineficiencias en gestión.
La autoridad ha intentado bajar el perfil a estas cifras, asegurando que una vez que se cierre el balance del año 2017 probablemente la cifra consolidada será menor, en torno a $ 220 mil millones. Si en definitiva la deuda termina en ese nivel, aun así se trataría de una cifra muy elevada -baste considerar que en 2014 se registraban $ 187 mil millones-, lo que no puede ser considerado satisfactorio. El Ministerio ha explicado que ya es habitual que exista un desfinanciamiento estructural, que se origina a partir de un presupuesto fiscal insuficiente en relación con un aumento cada vez mayor de las prestaciones hospitalarias y de servicios más sofisticados. También se ha hecho ver que un factor incidente es el hecho de que los aranceles establecidos en Fonasa en general no cubren el valor real de las prestaciones, pudiendo representar apenas la mitad de éstas.
Pese a estas explicaciones oficiales, que pueden ser plausibles, han sido parlamentarios del propio oficialismo los que han calificado la abultada deuda hospitalaria como “fuera de control”, haciendo ver que no solo se podría deber a un problema de descalce presupuestario, sino también a debilidades en materia de gestión. Resulta imprescindible que tanto el gobierno como el Congreso se aboquen al diseño de medidas que apunten a una solución estructural del problema, porque en este aparente nivel de descontrol se hace muy difícil una fiscalización del buen uso del presupuesto de salud, que para el 2018 alcanzará los US$ 12.000 millones.
Sin ese adecuado control, es la propia calidad de las atenciones de salud la que empieza a resentirse. Así, por ejemplo, las listas de espera no Auge en el sistema público alcanzan niveles preocupantes -1,8 millones de prestaciones a julio del año pasado-; también se han detectado esperas en el caso de prestaciones Auge, lo que ilustra la necesidad de asegurar una gestión eficiente. Otro efecto indeseable es la inaceptable postergación al pago de proveedores de salud, sin que el Estado se haga cargo del daño que se produce en muchas empresas por no recibir sus pagos a tiempo.
Las distintas fórmulas que se han ensayado no han dado resultados para contener esta deuda; el Ministerio de Hacienda ha hecho aportes específicos, condicionados al cumplimiento de reglas de equilibrio financiero en los hospitales, lo que en general no se ha cumplido. No cabe seguir apuntalando este problema por la vía de la ley de presupuestos ni a costa de los proveedores, por lo que el gobierno que el nuevo gobierno debe profundizar los esfuerzos para que los aranceles Fonasa se aproximen al valor real de los costos, y éstos, a su vez, estén mejor controlados y bien focalizados, con audaces reformas en materia de gestión.