Operación Huracán
Mientras se siguen discutiendo las responsabilidades políticas, administrativas y penales derivadas de la controvertida Operación Huracán, resultaría irresponsable no aprovechar este “temporal” para reflexionar sobre las labores de la Inteligencia en Chile. En este caso específico, no deja de sorprender la precariedad de la asesoría técnica informática, elegida por Carabineros, para dar soporte a las investigaciones sobre violencia rural en La Araucanía, sin duda uno de los desafíos más relevantes para la Inteligencia nacional en su conjunto, lo que puede ser la punta del iceberg que permite entender la falta de resultados en este ámbito.
La Ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado reconoce la existencia de siete organismos, independientes entre sí, pero funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades de inteligencia y contrainteligencia para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado. Estos organismos, sin perjuicio de su dependencia y de sus deberes para con sus respectivos mandos superiores, deben relacionarse entre sí mediante el intercambio de información y de cooperación mutuas. El hecho que el sistema de inteligencia esté estructurado en dos subsistemas –Interior, compuesto por ANI, Carabineros e Investigaciones; y el de Inteligencia en Defensa, integrado por Ejército, Marina y Fuerza Aérea-, hace que la coordinación y la entrega de información residual no fluya entre uno y otro, razón por la cual la necesaria coordinación queda muy por debajo de lo que exigen los riesgos relacionados con el terrorismo internacional, el crimen organizado y el narcotráfico, entre otros. Y si bien es cierto la falta de coordinación ya es un problema grave en sí, para comprender la complejidad de la problemática es necesario plantear un tema de fondo: ¿Existe o no capacidad analítica y operativa para generar Inteligencia en todos los niveles? La pregunta es del todo pertinente al constatar que, por ejemplo, el sistema no fue capaz de prever las acciones judiciales de Bolivia en contra de Chile o anticiparse a los reiterados hechos de violencia en el sur.
La evidencia demuestra que se hace Inteligencia “en la medida de lo posible”, con cuadros que luego cambian de destinación, perdiéndose los contactos y redes.
En este sentido, la ley de la ANI debe ser actualizada para que cumpla una función de coordinadora y directora que produzca efectivamente Inteligencia orientada a la toma de decisiones en materia criminal (bandas, narcotráfico, etc.), policial (nivel de conflictividad nacional que puede afectar la gobernabilidad democrática) y estratégica (escenarios nacionales e internacionales relevantes para el nivel político). Hoy, la única atribución que tiene su director es convocar al Comité de Inteligencia y presidir sus reuniones (art. 6), lo que no se traduce en una necesaria coordinación entre los organismos integrantes del sistema que permita optimizar, regular, revisar y evaluar el flujo e intercambio de información e inteligencia y facilitar la cooperación mutua.
Bien hace el Presidente electo al colocar este tema como uno determinante de su agenda, lo que deberá ir acompañado de gestos y decisiones que los diversos servicios de inteligencia comprendan con claridad, obligándolos así a focalizar sus recursos en dichas prioridades y a intercambiar y coordinar información.