NUEVA MAYORÍA Y DETERIORO DE LAS CUENTAS FISCALES
El déficit estructural mayor a lo previsto y la falta de transparencia para comunicarlo dañan la reputación del país, y anticipan una difícil corrección.
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La serie de problemas que han salido a la luz luego del fin del gobierno saliente solo ha contribuido a afianzar la generalizada sensación de desconfianza con que la ciudadanía miraba a la coalición gobernante. A los múltiples conflictos internos y evidencia de desgobierno en las últimas decisiones adoptadas, se agrega el inédito comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda el día previo a entregar el mando sobre la situación de las cuentas fiscales. En dicho documento, que no fue informado a la opinión pública ni a los medios de comunicación, el gobierno saliente, luego de incorporar una serie de observaciones realizadas por el Consejo Fiscal Asesor (CFA), reconoce que el déficit fiscal estructural para el cierre del año 2017 era de 2,1% del PIB y no 1,7% como había informado en enero el director de presupuesto.
Los cuestionamientos efectuados en enero por los miembros del CFA en relación a que el precio de venta de cobre de Codelco estaba subestimado -lo que tenía incidencia directa en el cálculo del déficit estructuralllevaron al ministro de Hacienda saliente a proponer una “metodología alternativa de cálculo” que mantuviera el déficit en -1,7%, lo que fue rechazado por los miembros del CFA. Finalmente, el gobierno saliente no tuvo otra opción que reconocer la precaria situación de las finanzas públicas, que según cálculos del gobierno entrante equivale a US$ 1.100 millones de mayor déficit.
La forma utilizada en el ocaso de la administración pasada no pudo ser peor. La publicación inédita de un comunicado en día inhábil a horas del cambio de mando revela el poco compromiso con la transparencia y con la necesidad de mantener informada a la población en temas tan sensibles como la sanidad de las cuentas fiscales. El presidente del Consejo para la Transparencia resumió muy bien lo que piensa la ciudadanía de este hecho, al afirmar que “no es republicano enterarnos a última hora del incremento del déficit fiscal”.
Pero la gravedad de lo ocurrido va más allá de los aspectos formales. Con el sinceramiento del déficit estructural queda en evidencia la nula responsabilidad del gobierno saliente con la regla basada en un balance cíclicamente ajustado, poniendo en tela de juicio la reputación que nuestro país se había granjeado en materia de responsabilidad fiscal desde su implementación en el año 2001. No solo porque la meta que se autoimpuso –converger a 0% de déficit estructuralal comienzo del gobierno no se cumplió, sino porque su revisión posterior –un recorte anual del déficit de 0,25% del PIB- tampoco se materializó.
La precaria situación en materia presupuestaria que lega el gobierno de la Nueva Mayoría está lejos de resolverse en el corto plazo. No solo porque el gobierno pasado consistentemente gastó más de lo que recaudó, sino porque los compromisos fiscales que deja como herencia condicionan con fuerza los ejercicios presupuestarios en el futuro.
El aumento inédito en el gasto público y la deuda del Estado, la primera rebaja en la calificación crediticia de nuestro país en 25 años y la doble violación de la regla fiscal en solo un periodo grafican el paupérrimo legado con el que la Nueva Mayoría se despide de su gestión pública.