Conciliación y proyecto Dominga

El Gobierno decidió restarse del proceso de conciliación que el Primer Tribunal Ambiental preparaba ante el reclamo de Andes Iron sobre el fallo del Consejo de Ministros -bajo el gobierno anterior- que rechazó el proyecto minero-portuario Dominga. La decisión del Ejecutivo causó sorpresa, aunque parece razonable. Un acuerdo entre la empresa y el Gobierno –en un caso polémico, y con aristas políticas- hubiese generado suspicacias, deslegitimando el debut de una herramienta que es parte de la institucionalidad ambiental. Ahora será el mismo tribunal el cual deberá pronunciarse sobre la legalidad de la actuación del Consejo de Ministros, pudiendo incluso hacer que dicha instancia deba volver a manifestarse sobre la viabilidad del proyecto.

Con todo, el gobierno tiene que fijar una postura definida respecto de los criterios que guiarán las decisiones de inversión. En ese sentido, las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, en orden a que pueden existir proyectos “técnicamente perfectos, pero políticamente inviables”, no contribuyen a brindar certezas.

Los criterios políticos varían según el sentir de las autoridades y la presión que ejerzan distintos grupos de interés, variables que no están bajo el control de los inversionistas. Por ello, el principio de reglas claras es una mejor alternativa que la veleidosa política. Ello no impide que, para proyectos con repercusión nacional, un Consejo de Ministros u otro ente similar manifieste su opinión, aunque ello debiera realizarse en etapas tempranas.