TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y REFORMA A EDUCACIÓN SUPERIOR

Las fuerzas políticas deben actuar con altura de miras y no cuestionar el rol del TC o la relación con el gobierno ante un resultado parcialmente adverso.

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De acuerdo con lo informado por este diario en la edición de hoy, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió cuestionar algunos de los artículos de la polémica reforma a la educación superior, que fue despachada hace un tiempo por el Congreso. Aun cuando el “corazón” de la reforma no habría sido modificado -como por ejemplo la gratuidad-, se habrían cuestionado aquellos artículos que prohibían el lucro en controladores de universidades, además de otros aspectos relativos a ciertas facultades normativas.

Algunos de los reparos del TC tendrían que ver con aspectos formales, como el haber aprobado normas sin quorum calificado. Una vez que se conozca la sentencia, será posible apreciar el fondo de lo resuelto por el tribunal, y ponderar con mayor exactitud sus alcances. Sin embargo, es indispensable que la clase política mantenga la serenidad frente a esta resolución y no se cumplan las amenazas que días antes habían formulado emblemáticos parlamentarios del oficialismo, relativas a que la colaboración con el nuevo gobierno quedaría supeditada a que la reforma no fuera objeto de cambios por parte del TC.

Resulta de especial gravedad que autoridades de la República y a la vez legisladores no respeten la independencia del TC y confundan el rol de diferentes poderes del Estado. Al manifestar ese tipo de aseveraciones, se ha estado buscando ejercer una presión indebida en contra del tribunal para que éste resuelva de una determinada forma, no de acuerdo con el espíritu del texto constitucional, sino en función de las pretensiones de un determinado sector político. Si bien las críticas en contra del TC atribuyéndole un rol de “tercera cámara” o de distorsionar la voluntad popular han sido frecuentes por parte de sectores vinculados a la izquierda chilena, hasta ahora no se había recurrido a la argucia de presionar por la vía de entrampar los acuerdos legislativos con el gobierno.

Al margen de que una amenaza de esa naturaleza se concrete, el solo hecho de recurrir a ella es un precedente lamentable. El Tribunal Constitucional es una pieza fundamental de la institucionalidad, y estando el control preventivo dentro de sus facultades no cabe alterarlo artificialmente. Ningún poder del Estado puede desconocer la primacía constitucional, ni siquiera a pretexto de la manida “voluntad popular”, y es un principio esencial del estado de derecho que no puede haber normas que vulneren expresamente disposiciones constitucionales, algo que debe ser determinado autónomamente por la instancia designada para ello. Sería una grave estocada para nuestra institucionalidad si este tipo de materias se resolvieran atendiendo a criterios simplemente políticos, o para satisfacer a un gobierno de turno.

Al país lo que le debe interesar es tener una buena ley de educación superior, porque de ella depende no solo el futuro de cientos de miles de estudiantes, sino también el desarrollo del país. Los alcances que formule el TC deben ser atentamente estudiados, y enfocados desde una perspectiva técnica. Sería un despropósito si a partir de ello se condicionara la relación con el gobierno o se buscara cuestionar la legitimidad del TC.