PRIMERAS DEFINICIONES DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Ha resultado orientador que el secretario de Estado hiciera ver que la gratuidad también impone costos que la sociedad deberá evaluar.
En entrevista con este medio, el ministro de Educación entregó sus primeras impresiones al mando de la cartera, las que han resultado especialmente clarificadoras para el debate actual. Llama la atención que declaraciones sensatas como las que ahí entregó –por ejemplo, que los alumnos deben dedicarse más a estudiar que a marchar- hayan producido tanta polémica. Ello demuestra la profunda distorsión que se ha dado en el debate educacional en el último tiempo. Al mismo tiempo, el secretario de Estado puso de manifiesto la complejidad que tendrá la implementación de distintas reformas aprobadas durante la anterior administración, especialmente las dificultades que la gratuidad ha significado en el sistema de educación superior.
Si bien el ministro puso una cuota de realismo político al decir que la gratuidad “llegó para quedarse”, es fácil advertir lo difícil que resultará conjugar este aserto con su deseo de que dicha política pública no afecte la calidad, la autonomía y la diversidad de las instituciones. Lo anterior es aún más complicado por el interés de destinar los recursos preferentemente hacia la educación inicial. Todos estos elementos hacen que el desafío del nuevo ministro sea altamente complejo, lo que él no elude.
Tal como está implementada la gratuidad actualmente –política que ha generado importantes déficits en las instituciones, especialmente entre aquellas que no son parte del Consejo de Rectores-, afecta la calidad y el desarrollo futuro de las universidades que son parte del sistema. Asimismo, en el largo plazo ello terminará por afectar la diversidad de instituciones. Por otro lado, las restricciones que impone el sistema –por ejemplo, al libre cobro de aranceles incluso para quienes no son beneficiarios- es una evidente lesión a la autonomía institucional al hacerla totalmente dependiente a lo que dicte el Estado. Es por ello que extender la gratuidad más allá de los segmentos más vulnerables en la educación superior técnica, y de ampliarla a universitarios provenientes de familias con mayor ingreso, aun cuando se cumplan los “gatillos” fijados en la ley, son compromisos que la sociedad en algún momento deberá reevaluar -tal como lo ha recordado el ministro-; de lo contrario, el margen para invertir recursos en otros niveles educativos y otras áreas de la política social será muy acotado.
El estrecho panorama fiscal y los sabidos déficits que presenta nuestro país en materia de gasto en educación escolar -cuando se compara con los países más desarrollados-, obligará a priorizar cuidadosamente cada una de las iniciativas que signifiquen gastos significativos. En ese sentido, y por costoso que sea políticamente, no debiera descartarse seguir los pasos de países como Brasil o Inglaterra, donde gobiernos de centroizquierda decidieron abandonar la gratuidad al entender lo esencial que resultan los recursos privados (y sus incentivos asociados) para financiar los crecientes costos que implica tener instituciones que puedan atraer a los mejores docentes, investigadores y alumnos.
Esta disyuntiva entre costos y calidad demuestra que, tal como acertadamente sostuvo el ministro, la educación es un bien económico y, por ende, consideraciones respecto a la eficiencia y equidad del gasto, así como cuál es el mejor mecanismo para financiar una formación de excelencia, no pueden ser omitidas y deben estar en la balanza.