Salud afirma que antiguo protocolo ponía en riesgo atención de 700 mujeres
Cifra corresponde al traslado anual de pacientes ginecológicas graves a centros privados que, de ser objetores de conciencia, no podrían recibirlas.
Con las cifras en la mano, literalmente, llegó ayer el ministro de Salud, Emilio Santelices, a defender los cambios que realizó su administración al Protocolo de Objeción de Conciencia de la Ley de Aborto en tres causales, que han sido fuertemente criticados por la oposición.
El viernes pasado, el gobierno publicó en el Diario Oficial las modificaciones al documento que, en su origen, establece la forma en que las instituciones y los médicos que rechacen realizar abortos deben informarlo y documentarlo al Ministerio de Salud (Minsal) y sus empleadores.
Inicialmente, el documento estipulaba que las instituciones privadas que tuvieran convenios con el Estado para atención de pacientes del seguro público en prestaciones obstétricas y ginecológicas -mediante Decreto con Fuerza de Ley N° 36, DFL 36no podrían ser objetoras de conciencia. Sin embargo, esa y otras exigencias fueron eliminadas por la actual administración.
El argumento de Santelices para justificar los cambios fue que el año pasado más de 700 mujeres, en estado crítico, fueron derivadas a centros privados para recibir prestaciones obstétricas, a través del citado convenio. Así, planteó el ministro, vincular la realización de abortos a la atención de pacientes públicos podría poner en riesgo la realización de otras prestaciones de salud necesarias, que se traspasan a la red privada cuando no existe disponibilidad en el área pública.
Cabe señalar que, actualmente, el Hospital Clínico de la Red UC Christus, la Clínica Alemana de Osorno y los hospitales privados Parroquial de San Bernardo y de Panguipulli ya se declararon, públicamente, objetores de conciencia. “Año a año, más de 600 y 700 mujeres tienen que ser trasladadas al sistema privado a unidades de neonatología para poder resolver problemas críticos, que son de vida o muerte, tanto para ellas como para los recién nacidos”, dijo Santelices, quien agregó que, en ese contexto, “no dejaremos a ninguna mujer de nuestro país, que esté amenazada su vida o la de su hijo, sin el debido cuidado y en eso no cambiaremos ningún ápice, porque estamos frente a un derecho natural y humano de mujeres vulnerables en que, si no contamos con el acuerdo (convenio), ellas podrían fallecer y también sus recién nacidos”.
Según los antecedentes del Minsal, los casos derivados a privados corresponden a parto prematuro riesgoso, alteraciones del embarazo, ruptura de membrana y embarazos múltiples, entre otros. En total, fueron 709 las derivaciones realizadas en 2017, otras 619 en 2016, 635 en 2015 y un total de 636 en 2014.
Las críticas
Las cuestionamientos a los cambios al protocolo, que vienen principalmente desde la oposición, apuntan a que el disminuir las exigencias a las instituciones privadas para declararse objetoras de conciencia y, por ende, negarse a realizar abortos van en contra del espíritu de la ley. Además, porque esto podría aumentar la cantidad de clínicas que se declaren contrarias al procedimiento, lo que dejaría una oferta reducida para mujeres del sistema privado.
La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, indicó que “llama un poco la atención el argumento de los convenios y la derivación de pacientes. El DFL 36 extiende una función del Estado al privado, por lo mismo, es relevante que ese privado mantenga las funciones públicas y acaten las leyes del Estado”. Respecto del argumento planteado por Santelices sobre un riesgo en la atención de pacientes obstétricas, Siches sostuvo que “hay otras herramientas para comprar servicios o hacer convenios con otras instituciones que no sean objetoras”, dijo.
Además, tildó de “irreflexiva” la decisión del Minsal. “No se ha contemplado el impacto de cada una de las modificaciones. Puede tener repercusiones aumentando las instituciones privadas objetoras, además del precedente que marca que el Estado financie a un privado que cumple roles públicos, pero que no hará prestaciones de aborto”, explicó.
Mientras, Claudia Dides, directora ejecutiva de Miles, manifestó que las clínicas objetoras no deben recibir platas del Estado, pues “ese dinero podría servir para contratar más médicos que efectúen abortos en tres causales”. ●