La ofensiva judicial del exabogado de ME-O por interceptaciones a Zaldívar
Ciro Colombara lidera estrategia penal para determinar la legalidad de las escuchas telefónicas. Senado desembolsará $ 32 millones por este trabajo.
En diciembre pasado, cuando Andrés Zaldívar todavía era presidente del Senado, la Comisión de Régimen Interior de la Cámara Alta aprobó la contratación del estudio de abogados Rivadeneira, Colombara, Zegers & Cía. para implementar una ofensiva judicial en torno a la interceptación telefónica que el Ministerio Público efectuó al entonces parlamentario de la DC. La medida intrusiva se realizó contra el exsenador en el marco de una investigación de la fiscalía sobre trata de migrantes (ver recuadro).
El abogado Ciro Colombara –exdefensor de Marco Enríquez-Ominami en el caso SQM- fue encomendado para determinar si las escuchas telefónicas se ajustaron a la legalidad o no, además de llevar adelante ante el Ministerio Público las acciones administrativas, penales y civiles contra quienes resulten responsables de haber filtrado la diligencia de la fiscalía.
“Por medio del presente instrumento, el Senado viene a encargar al estudio lo siguiente: la asesoría legal estratégica de la corporación con el fin de determinar la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las interceptaciones telefónicas llevadas adelante por el Ministerio Público en conjunto con las policías”, dice el contrato al que tuvo acceso La Tercera vía Transparencia. En el documento se agrega que “para dicho fin, se deducirán las acciones civiles, penales y/o administrativas que se estimen pertinentes, en conjunto con el Senado”.
En el contrato se establece que la estrategia judicial será discutida y acordada con el Senado. Y en particular, con el vicepresidente de la mesa, que hoy recae en el senador independiente Carlos Bianchi. También habrá coordinación –dice el escrito- con los senadores de la Comisión de Constitución. Quienes componen esta instancia hoy son los senadores Felipe Harboe (PPD), Víctor Pérez (UDI), Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Andrés Allamand (RN).
“La responsabilidad principal del encargo profesional la asume el compareciente, el abogado Ciro Colombara”, dice el contrato, estableciendo que “mensualmente” los integrantes de la Comisión de Constitución se reunirán con el abogado. Del mismo modo, según se explicó, Colombara redactará informes periódicos con los avances del caso.
En el mismo acuerdo contractual se establece que Colombara liderará diferentes acciones penales con el objeto de “determinar eventuales responsabilidades en la filtración de los antecedentes del Ministerio Público” sobre las escuchas.
1.200 unidades de fomentos ($ 32 millones) acordó pagar el Senado al estudio de abogados por el trabajo convenido. El monto, según se estipuló, se paga de la siguiente manera: 600 UF al inicio del encargo y el saldo en 10 cuotas mensuales a partir de enero de este año. Los servicios de Colombara y su estudio se prolongarán por 18 meses, pero si las gestiones aún no finalizan –dice el documento-, “de común acuerdo se evaluará la extensión de los servicios”.
También se estipula que los gastos asociados al proceso, como notificaciones y notarías, serán de cargo del Congreso.
Colombara ya se ha reunido con el fiscal nacional, Jorge Abbott. Asimismo, el Senado se hizo parte de la querella que Zaldívar interpuso ante el Séptimo Juzgado de Garantía con el fin de esclarecer la razón por la cual se hizo pública la diligencia contra el entonces senador.
La resolución del Senado que da cuenta del contrato entre la corporación y el estudio de Colombara, también informa que este se convino de forma directa, sin pasar por el sistema de compras públicas.