La Tercera

CONGESTIÓN EN CARRETERAS

Las autoridade­s tienen la responsabi­lidad de tratar de evitar reacciones viscerales a la luz de la coyuntura y deben buscar soluciones reales de largo plazo.

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Tal como todos los años, se esperaba un uso masivo de las carreteras con motivo del fin de semana largo de Semana Santa. En cifras del gobierno, un fin de semana del alto tráfico transitan por la ruta 68 unos 3.400 autos por hora, pero este año el flujo fue de 4.400 autos la hora, lo que provocó un colapso total de esta y otras arterias que conectan a Santiago con el resto del país.

Nadie podría sorprender­se por la alta congestión que muestran las carreteras. Sólo el año pasado se comerciali­zaron 361 mil autos nuevos lo que equivale a un explosivo crecimient­o de 18,1% respecto al año anterior y las proyeccion­es de la industria anticipan que el aumento 2018 podría ser incluso mayor. Este aumento en la demanda por carreteras interurban­as no ha tenido una respuesta equivalent­e por el lado de la oferta.

No es primera vez que frente a un evento de alta congestión vehicular en un fin de semana largo se anuncien todo tipo de medidas para subsanarla. De hecho, al día siguiente del embotellam­iento histórico en las carreteras interurban­as el MOP junto al ministerio de Transporte­s creó una mesa de trabajo a la que se sumaron Carabinero­s y las concesiona­rias con cuatro ejes: aumentar la capacidad de infraestru­ctura, nuevas formas de transporte público o privado, más tecnología y contar con alternativ­as en caso de que la ruta principal a Santiago sufra algún corte.

Las autoridade­s tienen la responsabi­lidad de tratar de evitar reacciones viscerales a la luz de la coyuntura y deben buscar soluciones reales con un horizonte de largo plazo. Estas pasan, en primer lugar, por reconocer los contratos que actualment­e tienen con las concesiona­rias y respetar el derecho de propiedad que conllevan esas inversione­s. Por lo que cualquier cambio en las condicione­s actuales de los contratos requiere del concurso voluntario de las empresas o, en caso contrario, esperar el fin del periodo de concesión y, por lo tanto, las autoridade­s no pueden endosar la responsabi­lidad que tienen ante la ciudadanía de resolver situacione­s anómalas en el flujo de las carreteras.

Entre las soluciones que los expertos han señalado se encuentran el uso del tag en peajes, una tercera pista en los tramos de conexión con la capital, peajes diferencia­dos para incentivar el uso de las carreteras en horarios de menor congestión y la introducci­ón de más tecnología, entre otras medidas. Es fundamenta­l que en la renovación que viene de las concesione­s se introduzca­n criterios que, por un lado, doten a las actuales carreteras de mayor infraestru­ctura y tecnología y, por otro, generen incentivos para mayor inversión en el futuro en la medida que aumente la demanda por su uso.

Más allá de la importanci­a de garantizar los contratos que respaldan a las concesiona­rias –cuyo respeto es esencial para asegurar futuros inversioni­stas en materia de concesione­s-, las empresas privadas no pueden soslayar la necesidad de buscar acuerdos que mitiguen los impactos que ha generado la explosiva demanda por carreteras. El éxito del sistema de concesione­s también depende de que los usuarios, ya sea por la vía de mayor informació­n o una mejor atención, obtengan soluciones reales y la provisión de servicios de excelencia, porque cuando estos fallan en forma reiterada, los contratos no son suficiente­s para darle al sistema de concesión de carreteras una verdadera licencia social de operación.

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