Una compleja instalación
Uno de los primeros en exteriorizar su molestia por las dificultades en el proceso de instalación del gobierno fue el ministro de Minería, Baldo Prokurica. “Es absurdo que en las urnas el voto popular tome una decisión y la administración pública no quiera obedecerlo, no quiera adecuarse (…) Nosotros vamos a cumplir la ley, por supuesto, pero tenemos que trabajar con la Contraloría y con las autoridades que corresponda, con la finalidad de que de verdad se produzcan los cambios”, comentó a La Tercera el secretario de Estado el 21 de marzo.
El ex senador RN hacía alusión a las dificultades que han tenido para integrar personas a sus equipos a través de contrataciones en las diferentes carteras. Esto, principalmente por dos fallos de la Corte Suprema y que en el oficialismo los han denominado como “fallos de amarre”. En el Ejecutivo aseguran que siguen teniendo este problema en la mayoría de los ministerios y que les ha impedido conformar a sus equipos en su totalidad. Pese a eso, el gobierno ya tuvo que enfrentar durante la semana pasada las primeras críticas de la Anef, desde donde acusaron que con el cambio de administración más de 300 personas perdieron sus puestos de trabajo, cuestionamientos a los que se han sumado algunos dirigentes de la oposición.
Ante esto, La Moneda no esperó y salió a responder con dureza. “No sé cuál es la información que ellos tengan, pero una cosa es muy clara: en el caso del Ministerio del Interior yo voy a velar para que los recursos sean bien utilizados, y si son mal utilizados sobre la base de contratar personas de último momento, que no ejercen su trabajo, que no son necesarias, no pierda cuidado que, respetando y cuidado los recursos de todos los chilenos, esas personas serán desvinculadas”, aseguró el martes pasado el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
En La Moneda generaron molestia estas acusaciones, ya que aseguran que durante la administración de Michelle Bachelet se habrían generado muchos más despidos. Para argumentar su postura recuerdan una publicación de La Tercera de 2014, en la que, según cifras entregadas a través de la Ley de Transparencia, entre marzo y abril de ese año hubo 11.483 trabajadores del sector público que fueron desvinculados o renunciaron.
Hasta ahora, en la Segegob tienen una cifra estimada de cuántas desvinculaciones y renuncias ha habido desde el arribo de Piñera, la que dicen que es mucho menor a la administración pasada. En todo caso, la cifra la han mantenido en reserva hasta tener un consolidado.
Junto con lo anterior, en el gobierno aún están en proceso de designar cargos en jefaturas de servicios, directorios y los embajadores, nominaciones que -según dicen- “están avanzando de manera mucho más rápida” que en la primera administración de Piñera. Pese a eso, según han comentado diputados de Chile Vamos, ya se comenzó a instalar “cierta preocupación” en algunas regiones por los cargos de jefaturas de servicios que resta por nominar. De hecho, algunos ya le han transmitido esa inquietud al jefe del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, quien ha estado supervisando el proceso de las designaciones y recibiendo propuestas de nombres.