Comisión que indaga el caso Huracán invitará a Bachelet
La policía uniformada pidió acceso a las conversaciones de abogadas, de la machi Linconao y de Emilio Berkhoff.
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El 20 de marzo, el fiscal regional Carlos Palma, quien indaga la supuesta implantación de pruebas por parte de funcionarios de Inteligencia de Carabineros en la denominada Operación Huracán, envió un oficio al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla. En el escrito, el persecutor solicitó al juez que le entregara copias “íntegras” de las autorizaciones que firmó y que permitieron a los policías intervenir los teléfonos de quienes estaban siendo indagados por presuntos ataques incendiarios en La Araucanía.
El 22 de marzo, Padilla remitió los antecedentes, adjuntando las solicitudes en que Carabineros le pedía autorizar las interceptaciones.
Así, a la fiscalía llegaron las copias de 12 oficios, en que la Dirección de Inteligencia de Carabineros pidió, entre el 3 de abril de 2017 y el 19 de diciembre del mismo año, intervenir cerca de 60 teléfonos de distintas personas. Entre ellas estaban comuneros mapuches, abogadas de imputados y el actor Daniel Alcaíno.
En las solicitudes de Carabineros se señalaba que la “Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) ha detectado grupos de personas que se vinculan a la violencia rural en la Macrozona Sur y que han afectado a instalaciones públicas o privadas, cuyos integrantes, además, participan permanentemente en actividades de grupos anarquistas, graves alteraciones al orden público y acciones violentas en general”.
Por ejemplo, el 8 de mayo, a través de un oficio al magistrado, Carabineros pidió “cesar” algunas líneas telefónicas, dado que “han dejado de emitir llamados, no aportando antecedentes útiles para la función de esta organización”. Aquí destaca el nombre de Karina Riquelme, abogada de comuneros en diversas causas. En otro escrito se pide dejar de escuchar el teléfono de la defensora Manuela Royo.
En esa misma solicitud, Carabineros
solicitó intervenir el teléfono de otras 16 personas, las que se suman a otras 33 de las cuales ya se había pedido diligencias. Entre estos se encontraba Emilio Berkhoff Pérez, a quien la policía vinculó a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y fue condenado en 2015 por porte de armas. En 2017 obtuvo la libertad condicional.
También se pidió “cesar” la línea telefónica de la machi Francisca Linconao, imputada por la fiscalía en el caso Luchsinger Mackay. Sin embargo, en ese mismo oficio también se pide “continuar” con
la interceptación de Aucán Huilcamán y Víctor Queipul, ambos dirigentes de La Araucanía.
El 21 de noviembre, entre comuneros y otras autoridades mapuches, apareció el nombre del actor Daniel Alcaíno en la solicitud de la Dirección de Inteligencia. En ese escrito, que fue firmado por el ex jefe de la repartición, general (r) Gonzalo Blu, se pidió intervenir el teléfono de cuatro personas. La justificación fue que la unidad “mantiene información de Inteligencia sobre personas prófugas de la justicia, las
cuales mantienen familiares en la ciudad de Temuco y mantendrían nexos financieros con integrantes de organizaciones criminales que operan en la Región de La Araucanía”.
Ocho días después Padilla autorizó la diligencia por 90 días, en relación a Alcaíno y los otros tres imputados. El actor anunció que de ser cierto los rumores de que había sido investigado en el marco de esta operación, presentaría una querella.
La Tercera no pudo obtener una versión de Alcaíno sobre estos antecedentes.