Ampliación de gratuidad para alumnos técnicos llegaría al séptimo decil en 2019
Según Acción Educar el beneficio favorecería a 24.284 estudiantes con un costo de $ 42 mil millones. Planteles piden rebajar exigencia de años de acreditación.
El anuncio del gobierno de que ingresará un proyecto sobre gratuidad para centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) hasta ahora no incluye detalles, por lo que desde distintos sectores se ha especulado con respecto al contenido de la iniciativa, que en definitiva se conocerá el próximo lunes.
Actualmente, de acuerdo a la glosa de gratuidad establecida en la Ley de Presupuestos, el beneficio se entrega al 60% más vulnerable de las Ues, IP y CFT, y la promesa de campaña del gobierno es avanzar más rápido en la cobertura en las instituciones técnico profesionales. Incluso, durante la segunda vuelta, Sebastián Piñera comprometió extender este beneficio al 90% de estos alumnos.
El diputado UDI Jaime Bellolio cree que este vance será escalonado. “Yo entiendo que se daría cobertura al 70% de los estudiantes vulnerables en 2019 y que no se innovaría en materia de requisitos, manteniéndose la exigencia de cuatro años de acreditación y que sean instituciones sin fines de lucro”.
A juicio de Bellolio el avance en cobertura para los alumnos técnicos es una medida de justicia y, en tal sentido, valoró que el gobierno haya anunciado la presentación de un proyecto en esa línea.
En cambio, desde el centro de estudios Acción Educar, su director ejecutivo, Daniel Rodríguez, considera este proyecto como un camino errado: “No se entiende seguir avanzando hacia deciles más ricos de la población, sobre todo cuando existen muchos estudiantes del 30% más pobre que están matriculados en otras instituciones, también de calidad, también dentro de nuestro sistema, que no están en gratuidad y por lo tanto no tienen esos beneficios. ¿Por qué estamos avanzando al 70% más vulnerable, cuando todavía nos quedan tantos del primero al quinto decil que no le estamos entregando las herramientas suficientes?”.
Para el diputado DC Mario Venegas “es positivo que este gobierno reconozca la importancia de avanzar en gratuidad. Y comparto en que hay que ocuparse del sector TP”.
Si efectivamente el proyecto del Ejecutivo propone llegar al 70% de los estudiantes de IP y CFT más vulnerables en 2019, el beneficio se extendería a 24.284 alumnos, lo que tendría un costo estimado per capita de $ 1.765.507 y un valor total de $ 42.873 millones, de acuerdo a las estimaciones de Acción Educar.
Propuesta
Y pese a que desde Vertebral, entidad que agrupa a IP y CFT acreditados, valoran que el gobierno haya decidido dar prioridad a sus estudiantes en el avance de la gratuidad, estiman que el foco debería estar en aquellos de los seis primeros deciles que no han sido beneficiados por esta política pública, debido a que están en instituciones con menos de cuatro años de acreditación.
En la futura ley de educación superior se estableció que los planteles que se sumen a la gratuidad deben tener acreditación avanzada, lo que en la legislación actual corresponde a, al me- nos, cuatro años de certificación.
Sin embargo, están exceptuadas de esa exigencia las universidades estatales que están debajo de ese nivel. Actualmente la U. de Atacama y la U. Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce) tienen tres años de acreditación y sus alumnos cuentan con gratuidad.
La directora ejecutiva de la entidad, Patricia Noda, planteó que “así como a los alumnos de universidades estatales con tres años de acreditación se les permite tener gratuidad, creemos que a los estudiantes de los CFT a IP con ese mismo nivel de acreditación se les debería dar cobertura”.
Según estimaciones de Vertebral, 52.000 alumnos de los seis primeros deciles están matriculados en las 12 instituciones que tienen tres años de certificación. Son estudiantes con un alto grado de vulnerabilidad y que están fuera de la política pública.
La propuesta de los CFT e IP es que por medio de la gratuidad o de becas se pueda dar cobertura a los alumnos que pertenecen al 60% más vulnerable y que están en planteles con tres años de acreditación.b