DECLARACIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA

Los secretarios de Estado deben tener especial cautela a la hora de realizar declaraciones, ya que cualquier imprudencia en sus dichos puede afectar su labor y la imagen del gobierno.

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Polémica causaron las declaraciones del ministro de Justicia Hernán Larraín sobre las tendencias políticas de los jueces. En un cónclave de la UDI la semana pasada declaró que “la mayoría de los jueces son de izquierda” y en un afán por dar garantías que intentarán corregir esta situación agregó: “Así que ahora netearemos”.

Posteriormente, en una declaración pública, aclaró que “lo que he sostenido y mantengo, es que el actual sistema de designación de los jueces y de los notarios está agotado y que éste se debe cambiar por un mecanismo que deje fuera la influencia política y el amiguismo”, además de explicar que sus opiniones fueron vertidas en “un contexto que entendía privado”.

Las declaraciones del titular de Justicia constituyen un error no forzado en su debut en el poder Ejecutivo. En primer lugar, sus dichos abren flancos innecesarios debido al contexto en el que fueron emitidos, porque una masiva reunión partidaria –a la que además se le permitió la entrada a la prensa- es en la práctica un espacio público y, por lo tanto, sus opiniones deben reflejar siempre los lineamientos del gobierno al que representa.

A diferencia de la labor parlamentaria, los ministros de Estado deben tener especial cautela a la hora de realizar declaraciones, ya que cualquier imprudencia en sus dichos puede afectar inexorablemente su labor y la imagen del gobierno. Además, la evaluación de la ciudadanía es más exigente con aquellos que ostentan dilatada experiencia política, como es el caso de los que transitaron del Congreso al Ejecutivo. Sin embargo, es justamente la excesiva confianza en la trayectoria parlamentaria la que puede tropezar ante la necesidad que tiene cualquier secretario de resaltar la labor del gobierno, evitar conflictos innecesarios con su contraparte, alinear sus mensajes con las prioridades programáticas y, en definitiva, cumplir el rol esencial en un ministro: servir bajo la dirección presidencial.

Más allá de los aspectos formales, el fondo de las declaraciones del ministro también es motivo de preocupación. Surge entonces la válida duda si los fallos judiciales recientes responden a un ánimo de los magistrados por aplicar la ley o, más bien, están condicionados por sus opiniones políticas. El problema solo se acrecentaría si en los futuros nombramientos de jueces –labor que tendrá que desempeñar en su calidad de ministro de Justicia- se busca el equilibrio intentando compensar con jueces de otras tendencias. Al menos en los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema, que son validados por el Parlamento, se aprecia una alta transversalidad en los votos a favor en la última década.

Sin perjuicio de los eventuales cuestionamientos que puedan surgir a partir de las opiniones del ministro, el episodio refuerza la necesidad de revisar la transparencia con que se efectúa el procedimiento de nombramiento de los jueces en el país. Aunque el procedimiento goza de legitimidad, existen espacios de perfeccionamiento que permitan a la opinión pública informarse de las razones objetivas por las que tanto el Poder Judicial en un comienzo y el Ejecutivo, posteriormente, eligen a los mejores profesionales para impartir justicia.