NUEVAS AUTORIDADES Y ROL DEL SERNAC

Llama la atención que a pesar del tiempo que lleva en funciones, el Servicio aún no logre una consolidación técnica, producto de su politización.

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El resguardo y fomento de la libre competencia y la protección de los derechos de los consumidores constituyen pilares fundamentales de una economía libre que promueve el desarrollo y el progreso. En este sentido, el rol que deben desempeñar las instituciones públicas llamadas a velar por el cumplimiento normativo en la materia es crucial para el buen funcionamiento de los mercados y para la consecución de los fines antes señalados. Por ello, no resulta indiferente el marco legal que da vida a estos organismos, su diseño y estructura orgánica, sus esferas de competencia y las atribuciones con las que cuentan, así como tampoco es trivial la forma en que ejercen sus facultades, con pleno respeto a los derechos de quienes deben interactuar con estos organismos. Su cultura organizacional, sus énfasis, su carácter más técnico o político son todos factores de la mayor relevancia para un buen funcionamiento institucional.

El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha designado recientemente a quien encabezará el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). El nuevo director asume en un momento complejo dada la reciente y controvertida reforma legal cuya promulgación -o no- está hoy en manos del órgano contralor. Recordemos que las polémicas potestades sancionatorias y las atribuciones normativas con las que se pretendía dotar al organismo fueron, acertadamente y por una holgada mayoría, declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. En el caso de las primeras, por estimar que la potestad sancionatoria solo podía ser ejercida por un tribunal independiente e imparcial y, respecto de las segundas, porque las relaciones jurídicas entre proveedores y consumidores, así como las controversias promovidas por los consumidores contra los proveedores, debían regirse únicamente por normas legales y ser zanjadas por un juez con sujeción estricta a las leyes y no a actos administrativos.

Sin embargo, y más allá de las complejidades y de las exigencias que el nuevo director del organismo enfrentará en relación con la implementación de la iniciativa legal antes comentada, es posible que los desafíos más importantes que deba abordar sean otros de cara al buen funcionamiento de la institucionalidad y de la eficaz protección de los consumidores.

Transcurridos un poco más de veinte años de vigencia de la ley de protección de los derechos de los consumidores, el principal reto parece ser aún el construir una institución que se oriente con mayor fuerza hacia una función profesionalizada, aislada del quehacer político, que vele por la correcta e imparcial aplicación del marco normativo, resguardando los principios del debido proceso y legalidad, con robusta protección a los consumidores, pero sin descuidar que un trato justo a las empresas también debe ser parte de su misión.

El hecho de que después de tanto tiempo aún no haya sido posible lograr este perfilamiento técnico, da cuenta de que los distintos gobiernos han apostado más por la politización del Sernac antes que al adecuado resguardo del marco normativo que rige a las relaciones de consumo. Sería un gran tropiezo si la nueva administración persistiera en este camino.