INFRACCIONES AL LÍMITE DE VELOCIDAD

SEÑOR DIRECTOR

Con respecto a la carta de Juan Ariztía Matte, quisiera aclarar algunos puntos sumamente importantes debido a la desinformación que puede producir. El proyecto de ley que crea un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), no se asemeja en nada a los mal utilizados fotorradares que Ariztía menciona en su carta, aludiendo a que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones los pretendería revivir.

Existen estudios de la misma Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito que comprueban que, de un universo de tres millones de vehículos -medidos durante 24 horas, los siete días a la semana-, el 50% de los conductores excede los límites de velocidad en vías interurbanas y un 40% lo hace en zonas urbanas donde el máximo permitido es 60 KM/hr. En promedio, los casos en que se detecta exceso de velocidad implican 20 Km/hr sobre el límite. Sobre el planteamiento de que la congestión puede incrementarse reduciendo los límites de velocidad, estudios internacionales indican que una reducción de 10 km/h en el límite de velocidad, lleva a una disminución de solo 3 a 4 km/h en las velocidades medias.

En definitiva, el espíritu del proyecto es justamente que se respete la velocidad máxima con el objetivo de salvar vidas. En Chile cerca del 30% de los accidentes fatales se debe a causas relacionadas con la velocidad, razón por la cual el centro automatizado apunta a reducir estas cifras que, solo durante 2017, causaron la muerte de 419 personas.

Espero que con estos datos se comprenda que es necesario implementar este sistema que no busca infraccionar ni recaudar fondos, sino prevenir y concientizar a la población. Como prueba de ello, el proyecto establece que un 15% de las multas sean destinadas al Fondo Común Municipal, que favorece directamente a las comunas más pobres, y un 85% será destinado a las Rentas Generales de la Nación, lo que confirma un proceso limpio y transparente.

Luis Alberto Stuven

Secretario Ejecutivo de Conaset