Un nuevo mapa para La Araucanía
Apoco más de un mes de iniciada la administración de Sebastián Piñera, distintos ministerios hemos estado trabajando para abordar de manera integral la situación de La Araucanía. Los resultados de esa coordinación fueron dados a conocer este martes en Temuco, demostrando, por primera vez y de manera efectiva, el interés de un gobierno por abordar con propuestas concretas las problemáticas que impactan a las familias y comunidades de la zona.
Desde Bienes Nacionales, la instrucción presidencial ha sido orientada en dos ámbitos. Lo primero dice relación con el catastro de tierras indígenas que, en coordinación con Conadi y otras reparticiones, como el SII y la DGA, nos permitirá conocer efectivamente cuáles son todos los títulos de dominio entregados en favor de las comunidades.
Si bien existe en la actualidad registro de la compra de tierras por parte de Conadi, está lejos de las necesidades actuales, pues se trata de información que, en su mayoría, no está digitalizada ni estandarizada. Es así como nos hemos impuesto el desafío de realizar un Catastro Nacional Único, que permita digitalizar y georreferenciar la entrega de títulos, complementándola con otras capas de información, a través del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT, organismo dependiente de Bienes Nacionales), de manera que el “mapa” muestre los diversos aspectos vinculados al territorio, tales como derechos de agua, cantidad de población y existencia de infraestructura pública y equipamiento comunitario, entre otros.
Tras esta tarea, buscamos entregar mejores herramientas para propender al desarrollo regional, al dar cuenta, con mayor nivel de detalle, la disponibilidad de tierras idóneas para diversas actividades productivas y de servicios por parte de las comunidades.
Al desarrollo de este catastro –cuya metodología está en elaboración y será presentada en los próximos días a la Contraloría General de la República para su implementación-, se suma la regularización de títulos de dominio en la región, vinculados al traspaso de tierras e inmuebles fiscales a los pueblos originarios. En este ámbito, hablamos de más de 50 inmuebles para servicios comunitarios –como postas, escuelas, canchas deportivas y otros-, y unos 38 sitios de significación cultural, como son los cementerios o “eltuhue”.
Daremos así certeza jurídica a las comunidades locales, pero, sobre todo, demostramos nuestro respeto por su quehacer, puesto que la falta de saneamiento de estos títulos genera confusión y temor respecto del destino que podrían tener sitios de gran significación para el pueblo mapuche, al tiempo que les impedía a los servicios públicos a cargo de estos inmuebles ejecutar proyectos de inversión relevantes para mejoras en infraestructura y gestión.
Como Ministerio, creemos que avanzar en una política integral de respaldo a la Región de La Araucanía constituye una obligación moral, no solo por el respeto a la multiculturalidad presente en Chile, sino porque, como país, habíamos permitido que tantas familias que ahí habitan sufrieran por años la estigmatización y el subdesarrollo. Nuestra tarea, entonces, es devolverles las oportunidades que por tanto tiempo les han sido esquivas.