SALIDA DE UNASUR, UNA DECISIÓN ACERTADA
El organismo no solo ha incumplido los objetivos consagrados en su tratado fundacional, sino que además ha demostrado ser irrelevante a nivel regional.
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Seis de los 12 países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), entre ellos Chile, anunciaron hace algunos días la decisión de suspender su participación en la organización, denunciando el bloqueo e irrelevancia en que se encuentra. En su comunicado acusan “la falta de resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado” del organismo y la “alarmante situación de indisciplina que se ha venido presentando al interior de la Secretaría General y en particular las denuncias y demandas en el personal directivo desde febrero de 2017”. Un panorama que da cuenta de la crisis profunda que atraviesa una organización que por una parte no ha sido incapaz de alcanzar un consenso para designar a su secretario general desde enero del año pasado, cuando terminó su periodo el ex presidente de Colombia Ernesto Samper y que, por otra, no ha estado ni siquiera en condiciones de abordar los problemas administrativos del personal que trabaja en forma permanente en la institución.
La decisión de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia y Perú no solo aparece como un paso positivo sino como el resultado inevitable del mal funcionamiento de un organismo que desde que se creó como Comunidad Suramericana de Naciones (CSN) en 2004 a instancia del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de su par venezolano Hugo Chávez, ha estado marcado por un fuerte sesgo ideológico que está en el origen de la virtual paralización en que actualmente se encuentra. Si bien en el tratado constitutivo, firmado el 2011 en Quito, se sostiene que las reuniones ordinarias de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno tendrán una periodicidad anual, desde 2014 que no se lleva a cabo una, sin que esto haya generado problema alguno. Además, en estos casi 14 años de existencia como CSN inicialmente y luego como Unasur, suma escasos éxitos para solucionar crisis regionales, como lo evidencia lo sucedido en Venezuela, donde sus gestiones solo terminaron validando al régimen. Todo ello pone evidentemente en duda la utilidad de que esa organización siga existiendo.
Resulta, además, paradójico que mientras en el tratado que dio origen a la organización, los países firmantes ratifican que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común”, sean justamente naciones que han violado esos principios, como la propia Venezuela, las que critiquen la decisión de Chile y otros cinco países sudamericanos de suspender su participación.
Los objetivos consagrados en el tratado constitutivo de la organización han estado lejos de cumplirse, en especial por quienes fueron sus principales promotores. Son efectivamente las contradicciones y la utilización política de la organización la base de las razones que explican su ineficacia. Por ello, carece de toda justificación seguir integrando una instancia que en nada ha contribuido a solucionar los problemas regionales, y a la cual, además, los países miembros deben aportar una cuota anual –en el caso de Chile de US$ 800 mil- para sostener su funcionamiento.