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Exsubsecretaria, Gisela Alarcón, dijo que “no cuadran” las atenciones en riesgo en caso que centros privados en convenio se declararan objetores de conciencia ante aborto.
La exsubsecretaria de Redes Asistenciales del gobierno pasado, Gisela Alarcón, rebatió las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, respecto de las prestaciones médicas y pacientes que se verían “amenazados” si se suspendieran los convenios entre el Estado y los centros privados que se declaren objetores de conciencia frente a la ley de aborto.
Esto, debido a que el protocolo original -de la anterior administración- establecía que los centros privados que tuviesen convenio con el Estado mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 36 (DFL-36) para realizar prestaciones ginecoobstetras, no podrían ser objetores de conciencia institucional. Esto último fue eliminado en una normativa que publicó el Ministerio de Salud el 23 de marzo, que fue declarada ilegal por la Contraloría.
En el informe que entregó el ministro de Salud, Emilio Santelices, a Contraloría, para justificar la derogación del antiguo protocolo -a 12 días asumir el cargo- se indica que habrían al menos un millón 200 mil prestaciones “amenazadas” de realizarse, cifra similar al 1,9 millón que informó durante la interpelación en la Cámara de diputados. Esto, basado en los seis centros que tienen convenio DFL 36: los recintos de Panguipulli, Parroquial de San Bernardo, Maquehue y Puerto Varas, además de los hospitales de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile.
Además, el documento agrega que esas seis instituciones “otorgan 77.504 prestaciones solo considerando el ámbito ginecobstétrico ambulatorio y 35.325 egresos de hospitalizaciones de mujeres”.
Alarcón explicó que, en el marco del acuerdo DFL-36, las cifras incluyen al Hospital de la U. de Chile, con 661 mil prestaciones ambulatorias, 39 mil ginecobstétricas y 13 mil egresos de mujeres. A su vez, la U. Católica aparece con 299 mil atenciones ambulatorias, 20 mil atenciones ginecobstetras y 12 mil egresos de mujeres. “No quiero decir que esas cifras son falsas, pero no se entiende en qué se basó el ministerio para obtenerlas, no nos cuadran los números. ¿Por qué aparecen como en riesgo las prestaciones de la U. de Chile, si ese centro nunca ha sido objetor? Y ¿cuáles son esos convenios tan grandes que generan tal cantidad de egresos en el caso de la Católica, donde los convenios son ambulatorios? Eso hay que aclararlo”, dijo Alarcón.
La condición del recinto de la U. de Chile fue ratificada por Domingo Castillo, director médico. “En nuestra institución no procede la objeción institucional. Sería absurdo, porque acá conviven todas las tendencias religiosas, políticas, ideológicas, filosóficas, etc. No tenemos condición de institución confesional”.
La exsubsecretaria explicó que los hospitales de Pucón, Maquehue y Panguipulli son comunitarios y no tienen el alto riesgo obstétrico necesario para hacer abortos, por ende, no se esperaba que la ley se implementara en estos recintos. “Y si se quisieran declarar objetores, efectivamente tendrían que dejar los convenios y las otras prestaciones podrían verse alteradas, pero son pocas”, sostuvo.
Alarcón añadió que el caso del Hospital Parroquial es distinto. “Ellos tienen mayor complejidad y quedarían afectos a la norma, pero se puede resolver con un plan de derivación de pacientes”.
Además, explicó que el convenio que tiene la U. Católica “es ambulatorio y corresponde a un nivel de complejidad donde se no implementa la ley de despenalización del embarazo, así que no quedaba afecta a la restricción”.
Desde la UC, el abogado Juan Esteban Montero explicó que, si bien en el Hospital de la Red UC Christus “no tenemos problema” con el protocolo original, sí podrían tenerlo con la red Ancora, de atención primaria de salud (APS). Agregó que, como no se especificaba que los centros de APS estaban excluidos, dado que ahí no se operativiza la ley de aborto, consideran que sí se podrían ver amenazados. Por ello, añadió que esperan que el reglamento anunciado por el Minsal corrija los aspectos que no han sido especificados.
Santelices replicó que “lo que se tomó fueron todas las prestaciones del DFL 36, porque yo no puedo saber cuál será el comportamiento de las instituciones, no tengo la posibilidad de predecir. Eventualmente una institución puede cambiar de opinión y yo no puedo generar un juicio valórico de quién es o no es. En ese sentido, todas las prestaciones afectas a los DFL36 están amenazadas. Se trabajó con la lógica de la demanda u oferta de prestaciones”.
El ministro añadió que “el artículo (que se eliminó) estaba mal redactado y tras consultar con abogados, nos dijeron que así como decía, que se ceñía sólo a prestaciones ginecoobstétricas, se prestaba para que se entendiera que también podían ser todas las prestaciones de los convenios. No era preciso, la redacción no permitía llegar a la conclusión taxativa, entonces, eso me llevó a contabilizar todos los valores”. ●