Nueva Educación Pública: una tarea país
El Presidente Piñera ha declarado que seguirá adelante con la implementación de las leyes de la reforma educacional. Sin embargo, estas afirmaciones entran en contradicción con la evidente falta de convicción que están mostrado varios de sus representantes a cargo de dicha tarea. En efecto, respecto a la Nueva Educación Pública, el ministro de Educación ha declarado estar “mirando atentamente” la instalación; ha abierto el debate sobre la posibilidad de que los municipios puedan quedarse con la educación; ha manifestado que la calidad del sostenedor no afecta la calidad de la educación (contraviniendo toda la evidencia que existe al respecto) y, además, retiró de Contraloría los reglamentos para la instalación del sistema, los que aún no se reingresan.
Se debe recordar que esta era la tercera vez que el país intentaba desmunicipalizar. Incluyendo un intento en el primer gobierno del Presidente Piñera. Después de una larga historia y sabiendo lo complejo que sería, hace unos meses, el Congreso, de forma casi unánime, logró consensuar lo que consideró que es la Educación Pública que el país merece y necesita.
¿Significa esto que la ley no necesitará mejoras o que no habrá problemas? No. Habrá muchas situaciones complejas, pero el consenso que se tomó requiere que todos los actores, partiendo por el gobierno, tengan una actitud proactiva en anticipar, apoyar y mejorar lo que se necesite para que el sistema ofrezca a todos una educación de calidad con miras al siglo XXI.
Sin embargo, el Ministerio, según los dichos del propio ministro, parece eludir dicha responsabilidad. Se declara meramente como un observador que deja que los equipos hagan el trabajo de instalación y, respecto al futuro, manifiesta su disposición para que la educación permanezca en los municipios. En definitiva, mirar sin involucrarse mucho, no dar respaldo político y preparar la cancha para que la educación siga en los municipios. Esperemos que estas acciones sean producto solamente de los ripios naturales que produce la instalación de nuevas autoridades y que sean rectificadas prontamente.
Cabe mencionar que la ley contiene las condiciones que deberán cumplir los municipios que deseen postergar su ingreso y además establece una comisión evaluadora que deberá pronunciarse el 2021. De hecho, varios de los municipios interesados en aplazar su entrada, están lejos de cumplir esos requisitos. En estos casos, parece más conveniente que el Ministerio hable primero a través del pronto reingreso de los reglamentos y conforme dicha comisión, y así evite confusiones que solo desvían la atención.
Debemos superar la visión de que esta es una política del gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet que hay que asumir a regañadientes, y entender que es una política de Estado aprobada por mayoría y cuyo éxito depende no solo de que los equipos hagan el trabajo, sino de aunar muchas voluntades. La tarea demanda liderazgo y convicción, tarea que el Ministerio -órgano rector-, está llamado a ejercer.
Si ocurre así, muchos de los que hoy somos oposición, apoyaremos los cambios y mejoras que se necesiten. De lo contrario, solo se seguirán sembrando dudas respecto a las reales intenciones del gobierno, caeremos en un debate inconducente para el país y, más grave aún, se estará poniendo en riesgo el salto al desarrollo que Chile necesita.