DESTINO DEL PROYECTO DE NUEVO SERNAC

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Hace unos días el gobierno terminó con el misterio sobre el destino que tendría el proyecto del Sernac. Luego del tortuoso camino que siguió la iniciativa –que superó los tres años de tramitación legislativa, se ganó los múltiples reparos del Tribunal Constitucional (TC) y por una decisión cuestionable del entonces presidente de la Cámara de Diputados se terminó endosándole la responsabilidad de dirimir su destino a la Contraloría-, el Presidente de la República optó por recurrir nuevamente al TC para zanjar las dudas surgidas sobre la inconstitucionalidad de la facultad sancionatoria.

Los impulsores del proyecto han exagerado al afirmar que luego del paso por el control de constitucionalidad se le ha amputado al Sernac la capacidad de velar por los derechos de los consumidores. Lo cierto es que la entelequia jurídica que creaba el proyecto en su origen dotaba de un poder excesivo al futuro director del Sernac. Pero más allá de la discusión sobre el óptimo organizacional que requiere el organismo, la iniciativa tenía serios vicios de constitucionalidad, por lo que el TC tendrá una nueva oportunidad de clarificar su fallo.

La actual administración ha escogido el camino institucional para resolver un problema heredado. Así, el legado de improvisación y desprolijidad de la Nueva Mayoría cobra en este proyecto un énfasis especial: ha desafiado la institucionalidad en forma inédita y ha obligado a explorar caminos jurídicos nunca antes recorridos. Los parlamentarios deberían extraer valiosas lecciones a partir de este desafortunado episodio.